Ministros y funcionarios del Gobierno nacional cuestionaron duramente a Axel Kicillof y a la Justicia tras la medida cautelar que frenó por 60 días la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años en territorio bonaerense.
La decisión de la Justicia bonaerense de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió este lunes un nuevo frente de conflicto entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Axel Kicillof, desatando fuertes cuestionamientos a la política de seguridad provincial y al fallo que impidió implementar la ley que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Altos funcionarios del Ejecutivo nacional, entre ellos Patricia Bullrich, Diego Santilli y Luis Petri, coincidieron en responsabilizar públicamente al mandatario provincial por el impacto de la medida judicial y plantearon que esta favorece a quienes cometen delitos. "En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad", expresó Bullrich a través de sus redes sociales.
En la misma línea, Santilli apuntó directamente contra el gobernador y reprochó su falta de pronunciamiento frente a la resolución. "Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune", sostuvo, y concluyó con una crítica a la gestión provincial al afirmar que el gobernador se ubica "del lado del delincuente, nunca de la víctima".
Por su parte, Petri cuestionó tanto las consecuencias de la suspensión como el origen del fallo judicial, defendiendo la validez de la norma sancionada en el Congreso. "El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo", escribió el funcionario nacional, quien remarcó que la iniciativa legislativa se aprobó con el objetivo de terminar con la impunidad en delitos cometidos por menores y que no existen argumentos válidos para evitar su implementación.