En busca de la verdad
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La Casa Rosada reunirá el martes a la mesa política para debatirlo y confía en reunir una mayoría amplia para aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
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El Gobierno nacional terminará de definir el martes la estrategia legislativa para impulsar en el Congreso el paquete de medidas sobre Malvinas anunciado por Javier Milei. En la Casa Rosada se inclinan por comenzar el tratamiento en la Cámara de Diputados, donde consideran que existen mejores condiciones para conseguir una primera aprobación y sumar respaldo de sectores dialoguistas.
La definición se tomará durante la reunión de la mesa política, que deberá ordenar el ingreso formal del proyecto, las comisiones que intervendrán, los contactos con la oposición y los tiempos parlamentarios que buscará imponer el oficialismo.
En Balcarce 50 creen que la iniciativa puede conseguir apoyos más allá de La Libertad Avanza y confían en que la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas facilite la construcción de una mayoría amplia. El objetivo es avanzar con rapidez y evitar que el debate se prolongue durante varias semanas.
La Cámara baja aparece como la alternativa más conveniente no solo por el escenario político, sino también por la agenda legislativa. El oficialismo considera que Diputados tiene actualmente mayor margen después de haber aprobado distintos proyectos que ahora deberán continuar su tratamiento en el Senado.
La situación en la Cámara alta es más compleja. Allí se acumulan iniciativas como el super-RIGI, la reforma política, los cambios en el régimen de Zonas Frías, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, entre otros expedientes.
En ese contexto, Patricia Bullrich intenta ordenar el calendario mediante distintas sesiones, mientras continúan las negociaciones con aliados por modificaciones y apoyos a varios proyectos.
Uno de los puntos centrales será la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modificará la Ley 26.659 y ampliará las sanciones contra compañías vinculadas con actividades no autorizadas en las Islas Malvinas.
La iniciativa buscará extender las penalidades a proveedores de esas empresas y limitar su posibilidad de contratar tanto con el Estado como con privados en la Argentina. Además, prevé habilitar el juicio en ausencia cuando corresponda.
El alcance de las sanciones también se ampliará hacia otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
Otro de los cambios previstos es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articulará el trabajo de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Ese organismo tendrá competencias sobre cuestiones vinculadas con infraestructura crítica y con la protección aeroespacial y marítima.
El paquete legislativo se sumará a una serie de decisiones que el Ejecutivo ya comenzó a implementar mediante decretos. Entre ellas se encuentra la aceleración de los mecanismos previstos en la Ley 26.659 para investigar a compañías que participen de explotaciones hidrocarburíferas sin autorización argentina.
También se reforzaron los controles para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, permisos y concesiones, además de incrementarse recursos destinados a Defensa y otros organismos considerados estratégicos.
Dentro del Gobierno también interpretan el paquete como una oportunidad para recuperar protagonismo en la agenda pública y parlamentaria.
La Casa Rosada considera que, después de algunas discusiones en las que el oficialismo perdió capacidad para instalar sus propios temas, la cuestión Malvinas le permite volver a colocar una iniciativa propia en el centro del debate.
En ese sentido, el Ejecutivo apunta a sumar el respaldo de gobernadores, bloques provinciales y sectores de la oposición. La expectativa oficial es que un rechazo completo resulte difícil de sostener políticamente al tratarse de una iniciativa vinculada con la soberanía y la defensa de los recursos naturales.
El movimiento por Malvinas coincidirá con otra discusión que preocupa al Gobierno en Diputados. Distintos bloques opositores mantienen la convocatoria a una sesión para el 9 de septiembre con el objetivo de tratar iniciativas relacionadas con el crecimiento de la morosidad de las familias.
La Libertad Avanza intentó encauzar ese debate a través de la Comisión de Finanzas y de un cronograma propio de reuniones, pero la oposición decidió sostener la sesión.
Incluso dentro del oficialismo admiten que existen posibilidades de que los bloques disidentes alcancen el quórum. Por ese motivo, el Gobierno intensificará las conversaciones con gobernadores y legisladores provinciales.
La mesa política del martes tendrá entonces dos frentes principales: intentar contener la ofensiva opositora en Diputados y convertir el paquete sobre Malvinas en la próxima apuesta legislativa fuerte de la gestión de Javier Milei.
