El oficialismo en el Senado postergó por una semana más la firma del dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conocido como "super-RIGI", luego de recibir nuevas demandas de modificaciones por parte de los bloques aliados. Durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, el sector libertario dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima ante la falta de los avales necesarios para llevar el proyecto al recinto.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, acumuló exigencias de última hora impulsadas por el PRO, la UCR y el peronismo federal. Entre los puntos que trabaron la firma se encuentran nuevas condiciones para la obligación de compra de insumos a proveedores locales -incluyendo la aceptación de productos nacionales aunque sean hasta un 15% más costosos que los importados-, un piso del 40% en bienes transables para desarrolladores locales y la exigencia de subestaciones eléctricas propias para proyectos de gran consumo energético, como los data centers.

Durante el debate, el senador libertario Bartolomé Abdala defendió la necesidad de la norma para captar capitales y generar un "círculo virtuoso" en empresas satélites. En la vereda opuesta, el legislador peronista Jorge Capitanich cuestionó el bajo nivel de empleo directo que proyecta la iniciativa y advirtió sobre el uso intensivo de recursos naturales estratégicos, reclamando mayores precisiones sobre las certificaciones ambientales.

El "super-RIGI" contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad por 30 años para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en industrias avanzadas. Entre sus principales incentivos figuran una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, exención de derechos de importación y exportación, y la libre disponibilidad progresiva de divisas extranjeras, que alcanzará el 100% a partir del tercer año.

Con este nuevo compás de espera, el Gobierno deberá reabrir las negociaciones con sus aliados legislativos si pretende acelerar el tratamiento del proyecto en el recinto durante septiembre. En caso de conseguir su aprobación en el Senado, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.