En busca de la verdad
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Los legisladores aliados reclaman modificaciones al texto aprobado en Diputados antes de firmar el dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto.
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El proyecto conocido como "super-RIGI" todavía no terminó su recorrido por las comisiones del Senado, pese a que la intención de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, es llevarlo al recinto el próximo jueves 27 de agosto.
Antes de avanzar con la firma de los dictámenes, está prevista una última ronda de exposiciones. Entre los invitados figuran el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), aunque podrían sumarse otros participantes.
Una vez concluida esa instancia, el proyecto quedará en condiciones de avanzar hacia el recinto. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
El cronograma parlamentario habría sido coordinado con el Ministerio de Economía. En ese contexto, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, mantuvo esta semana una reunión en el Senado con el legislador Agustín Monteverde.
La iniciativa establece un régimen de incentivos destinado a grandes inversiones superiores a los US$1000 millones y contempla un plazo de cinco años para que las empresas puedan presentar sus solicitudes de adhesión.
El oficialismo sostiene que el esquema puede convertirse en una herramienta para atraer capitales hacia sectores considerados estratégicos, como la tecnología, la minería y los minerales críticos, además de promover proyectos industriales de gran escala.
El senador neuquino de La Libertad Avanza Pablo Cervi defendió el proyecto y remarcó que uno de sus principales objetivos es lograr que los recursos naturales argentinos tengan mayor procesamiento dentro del país.
Según explicó, la intención es que sectores como la minería, el litio o la producción energética de Vaca Muerta puedan generar cadenas de valor más amplias y no limitarse únicamente a la extracción o exportación de materias primas.
Cervi también planteó que Argentina debe avanzar en la transformación de sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, incorporando industrialización y valor agregado.
La Libertad Avanza cuenta actualmente con 21 senadores propios, por lo que necesita el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales para conseguir los votos necesarios.
Ese escenario abrió una negociación con sectores de la denominada oposición dialoguista, que ya anticiparon que pretenden modificar algunos puntos del texto aprobado en Diputados.
Uno de los principales reclamos es incorporar una cláusula que otorgue mayor capacidad de decisión a las provincias en los proyectos alcanzados por el régimen.
Bullrich deberá trasladar esa propuesta al Gobierno nacional, que tendrá que definir si acepta modificaciones. Cualquier cambio aprobado por el Senado obligará a que la iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados.
Las negociaciones tampoco fueron sencillas durante el tratamiento en la Cámara baja.
Los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone impulsaron modificaciones para sumar apoyos. Entre ellas apareció una cláusula de "Compre Nacional", que establece que al menos el 20% de determinadas inversiones contempladas por el régimen se destine a proveedores locales.
También se incorporaron incentivos para aquellas empresas que destinen fondos a investigación y desarrollo o a programas de becas dentro del país.
Esas inversiones podrán computarse al doble de su valor real a la hora de alcanzar el monto mínimo exigido por el régimen.
Con estas modificaciones, el proyecto consiguió el 24 de junio la aprobación en Diputados con 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones.
El objetivo del oficialismo es conseguir los dictámenes durante la próxima semana y luego definir la fecha para llevar la iniciativa al recinto.
En esa negociación participan Bullrich, Nadia Márquez y Agustín Monteverde, quienes buscan garantizar los respaldos necesarios.
Los acuerdos también podrían incluir el tratamiento de proyectos impulsados por bloques dialoguistas, como parte de la estrategia parlamentaria para reunir una mayoría.
De esta manera, aunque el Gobierno pretende acelerar la aprobación del super-RIGI, el futuro inmediato del proyecto dependerá de las concesiones y acuerdos que pueda cerrar con sus aliados en el Senado.
