El Senado avanzará este miércoles con el debate de dos proyectos vinculados al mercado voluntario de carbono, impulsados por senadoras de bloques provinciales. La decisión forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) para ampliar el temario parlamentario y acercar posiciones con los sectores dialoguistas de cara a una nueva sesión prevista para septiembre.

Luego del traspié sufrido por el oficialismo con la ley de propiedad privada, la bancada encabezada por Patricia Bullrich intenta reconstruir acuerdos con la UCR, el PRO y los espacios provinciales, que en las últimas semanas endurecieron sus condiciones para acompañar nuevas iniciativas.

Entre las prioridades del Gobierno aparecen proyectos como el Super RIGI, la denominada Ley Hojarasca, distintos pliegos, la Ley de Zonas Frías y la reforma electoral. Sin embargo, los bloques aliados reclaman que la agenda no quede limitada exclusivamente a las propuestas impulsadas por el oficialismo.

El mercado de carbono entra en la negociación

En ese escenario, LLA habilitó el tratamiento en comisión de dos iniciativas que establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo del mercado voluntario de créditos de carbono.

Los proyectos fueron presentados por las senadoras Flavia Royón, de Primero los Salteños, y Sonia Rojas Decut, del Movimiento por Misiones. Ambas propuestas serán analizadas desde las 10 en un plenario conjunto de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

La incorporación de estos expedientes responde también a un pedido de los bloques dialoguistas, que vienen reclamando una agenda más amplia para garantizar su participación en una próxima sesión.

Inicialmente, el oficialismo evaluaba convocar al recinto el 27 de agosto, aunque en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de trasladar la sesión a los primeros días de septiembre. Uno de los motivos sería la demora en el dictamen del RIGI, además de la intención de sumar otros proyectos solicitados por los aliados.

Desde la UCR, el PRO y los espacios provinciales ya dejaron trascender que no estarían dispuestos a acompañar una convocatoria limitada únicamente a la Ley Hojarasca y los pliegos pendientes. Por eso, las iniciativas vinculadas al mercado de carbono aparecen como una posible herramienta para construir un temario de mayor consenso.

Qué propone la regulación del mercado voluntario de carbono

Las iniciativas buscan crear un marco jurídico para regular la generación, registro y comercialización de créditos de carbono provenientes de proyectos voluntarios desarrollados en la Argentina.

El sistema prevé que las empresas o proyectos capaces de reducir o evitar emisiones contaminantes puedan obtener certificados que representen ese beneficio ambiental y posteriormente comercializarlos.

Uno de los principales objetivos es garantizar transparencia, seguridad jurídica e integridad ambiental dentro de este nuevo mercado.

La autoridad encargada de supervisar la aplicación de la normativa sería la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que además deberá coordinar su implementación con las provincias.

También se contempla la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), donde deberán inscribirse todos los proyectos que pretendan emitir, comercializar o retirar créditos de carbono dentro del territorio argentino.

Controles, tecnología y beneficios impositivos

Los proyectos establecen además un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). Cada iniciativa que quiera emitir créditos deberá atravesar un procedimiento periódico y auditable, bajo estándares técnicos determinados por la autoridad de aplicación.

Para realizar estos controles se promueve la utilización de tecnologías como sensores remotos, satélites, sistemas LiDAR, dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), drones y estaciones de medición en terreno.

Solo podrán reconocerse aquellos créditos que hayan sido verificados por entidades acreditadas ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o por instituciones que cumplan estándares internacionales reconocidos.

El régimen incorpora, además, una serie de incentivos económicos destinados a estimular la puesta en marcha de nuevos proyectos. Los ingresos provenientes de la primera venta de créditos de carbono quedarían exentos del Impuesto a las Ganancias durante cinco años, con excepción de los emprendimientos alcanzados por el RIGI.

A su vez, las inversiones destinadas a tecnología de monitoreo e infraestructura inicial podrán amortizarse en Ganancias durante un período de tres años.

Finalmente, los proyectos registrados correctamente en el ReNaRe contarían con estabilidad fiscal por 15 años desde su aprobación, una herramienta con la que se busca otorgar previsibilidad e incentivar inversiones vinculadas a la reducción de emisiones