Cinco años y medio después, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de 34 personas, incluyendo al expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, y el periodista Horacio Verbitsky, por su implicación en el "vacunatorio VIP" que operó en el Ministerio de Salud durante la pandemia. La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidirá si procede la imputación.

Este pedido del fiscal se basa en una resolución de la Cámara Federal de hace dos años, que ordenó profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación irregular, sino también sobre quienes recibieron las dosis. La primera parte del expediente, contra los funcionarios que autorizaron las vacunaciones, ya fue elevada a juicio oral y público.

Actualmente, solo tres imputados han sido procesados por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del exministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas. Ginés González García, quien también estaba siendo investigado, falleció a los 79 años, poco después de que se confirmara su procesamiento. Renunció en febrero de 2021 tras la revelación del escándalo.

Entre los que serán juzgados se encuentran Eduardo y Chiche Duhalde; el empresario Seza Manukian; Horacio Verbitsky, cuya confesión radial destapó el escándalo; el empresario Florencio Aldrey y sus familiares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey; y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille. También se pidió la indagatoria del diputado Jorge Taiana, del diputado Eduardo Valdés; de María Eva y Juliana Duhalde, hijas del expresidente; y de otros como Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde.

La lista de implicados incluye además a Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, el periodista Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), Esteban Collazo (fotógrafo presidencial), el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor "Topo" Devoto, publicista y dirigente kirchnerista.

Taiano solicitó la citación a indagatoria de los 34 particulares que recibieron dosis de la Sputnik V sin cumplir los criterios sanitarios. El dictamen considera que las pruebas recabadas configuran el "estado de sospecha" necesario y atribuye a los vacunados el rol de partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, que conlleva penas de dos a diez años de prisión. El peculado se define como el uso indebido por parte de un funcionario público de bienes o servicios del Estado bajo su control.

Para el fiscal, los vacunados no fueron meros beneficiarios pasivos, sino que "contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados". Se argumenta que nadie podía alegar ignorancia, ya que las campañas de vacunación y las reglas de priorización eran ampliamente conocidas.

La investigación detalla tres hechos principales: el 18 de febrero de 2021, diez dosis asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud, donde se instaló un vacunatorio precario. Allí se inocularon, entre otros, Seza Manukian, Verbitsky, Aldrey y sus familiares, Félix Eulogio Guille, el traumatólogo Salomón Schachter, Taiana y Valdés. Nueve de ellos fueron registrados falsamente como "Personal Estratégico" y Guille como mayor de 60 años, categorías que no les correspondían.

El segundo hecho ocurrió el 1 de febrero, cuando cinco dosis del ministerio fueron llevadas al domicilio de Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias en ese momento, vacunó personalmente al expresidente, su esposa, sus hijas y su secretario privado, Carlos Alberto Mao. Se destacó que la vacunación domiciliaria estaba reservada a personas con impedimentos para trasladarse, y no hay constancia de que Duhalde tuviera tal condición. Además, se señaló que el régimen especial de los expresidentes no contempla un "régimen sanitario privilegiado".

El tercer hecho se refiere a la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a 23 personas seleccionadas por "razones de índole personal, familiar o de afinidad política". Entre ellos figuran el periodista Michi, el fotógrafo Collazo, Alsua (esposa de Zannini), el dirigente peronista Lorenzo Pepe y Marcelo Jorge Duhalde. Muchos de ellos fueron registrados falsamente como "personal de salud", a pesar de que el propio personal sanitario del Posadas aún no había completado su esquema de vacunación. Testimonios del personal del hospital revelaron un sentimiento de "defraudación y estafa" por parte de las autoridades.

La causa se inició el 22 de febrero de 2021, tras la confesión de Verbitsky en una entrevista radial. Este escándalo forzó la renuncia del ministro Ginés González García. Aunque Capuchetti archivó parcialmente la situación de los vacunados en julio de 2021 por inexistencia de delito, en julio de 2024 procesó a González García por abuso de autoridad y peculado. En octubre de ese año, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exministro y de Guille, Costa y Maceira, e instruyó que se avanzara sobre los vacunados para evitar la impunidad.

El fiscal señaló que "reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad". En noviembre de 2025, Taiano y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, requirieron la elevación a juicio de los funcionarios, y Capuchetti lo elevó en abril pasado.

Según informes del Renaper, cuatro de los beneficiarios fallecieron: Schachter, Mao, Pepe y Miguel Ángel González, empleado del Ministerio de Desarrollo Social. Para ellos, el fiscal solicitó la extinción de la acción penal por muerte.