Entre el recorte legislativo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las críticas de la Iglesia desde San Cayetano, el repunte inflacionario de julio y los límites que imponen los gobernadores aliados, el presidente Javier Milei afrontó un complejo escenario político.
Fue una semana difícil de digerir para Javier Milei. Quienes lo acompañaron en sus recientes visitas a Ecuador y Colombia -donde asistió a la asunción de su nuevo aliado continental de derecha, el presidente Abelardo De La Espriella- notaron que las noticias que llegaban desde Buenos Aires estaban lejos de ser alentadoras. El Gobierno debió aceptar de mala gana el desarme de uno de sus proyectos clave para este año: la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Si bien el Senado otorgó media sanción a la iniciativa, lo hizo tras desechar los apartados que modificaban las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego, los cuales fueron eliminados para evitar que la votación fracasara. Una vez más, el apoyo incondicional de los aliados legislativos mostró fisuras insalvables.
A este traspié parlamentario se sumó un nuevo cortocircuito con la cúpula eclesiástica. Desde el santuario de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva -en sintonía con el pensamiento del papa Francisco y del actual pontífice León XIV-, pronunció una dura homilía centrada en la crisis económica y social.
El referente eclesiástico apuntó contra "las heridas del odio y la descalificación constante", advirtió sobre la resignación silenciosa ante la pérdida de poder adquisitivo y cuestionó el endeudamiento de las familias que necesitan "dos o más empleos para llegar a fin de mes". Las palabras del prelado, que luego resonaron en una masiva movilización a Plaza de Mayo convocada por la CGT, las CTA y movimientos sociales, generaron malestar en Balcarce 50.
Pese a las comparaciones inevitables con el pasado, la directiva de Milei hacia sus funcionarios fue clara: no habrá confrontación con la Iglesia, especialmente cuando restan pocos meses para la anunciada visita de León XIV a la Argentina, prevista para el próximo 8 de noviembre. Para el Presidente, consolidar un clima social calmo de cara a ese evento y al año electoral en el que buscará la reelección es una prioridad absoluta.
Las dificultades en el Parlamento para aprobar leyes consideradas vitales -como la eliminación de las PASO, Inocencia Fiscal, el Super-RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central- pusieron en el centro de las críticas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En los altos mandos del oficialismo se responsabiliza a Sturzenegger por el retroceso legislativo en la Ley de Tierras y Manejo del Fuego, un malestar compartido tanto por la senadora Patricia Bullrich como por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Como consecuencia, el funcionario deberá someterse a un mayor control político articulado por Karina Milei a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, limitando su autonomía en el trato con gobernadores y legisladores propios y aliados.
En este tablero, los mandatarios provinciales como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a sectores del PRO y la UCR, continúan marcando los límites de un oficialismo que necesita blindar acuerdos para garantizar la gobernabilidad.
Para completar un panorama desafiante, los indicadores económicos volvieron a encender alarmas. El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires -un barómetro clave para medir la tendencia nacional- saltó del 1,8% en junio al 2,9% en julio, alejándose de la meta presidencial de estacionar la inflación en valores mensuales con "0" para agosto, a pesar del impacto estacional del turismo invernal.
Mientras desde el equipo económico se insiste en que "ya están los brotes verdes", la realidad cotidiana de amplios sectores de la sociedad continúa golpeada por el ajuste, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno en la antesala de un tramo político decisivo.