El Senado buscará avanzar este jueves con el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para reforzar la protección de los derechos de los propietarios y modificar distintos aspectos de la legislación vigente sobre tierras, desalojos y expropiaciones.

La sesión fue convocada para el mediodía y forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo pretende cerrar antes del receso invernal. Además de este proyecto, la Cámara alta analizará pliegos para cargos judiciales, ascensos diplomáticos y otras iniciativas parlamentarias.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de un procedimiento de desalojo acelerado para casos de usurpaciones u ocupaciones irregulares. La propuesta establece que, si un propietario acredita con documentación su derecho sobre el inmueble, un juez podrá ordenar la restitución de la propiedad mediante un trámite más rápido que el actual, incluso intimando la devolución en un plazo de 72 horas.

La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley de Tierras. A diferencia de la propuesta original del Gobierno, el texto que llegará al recinto mantiene controles sobre la venta de inmuebles rurales ubicados en zonas de frontera. En esos casos, cualquier operación deberá contar con la aprobación tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo nacional.

Otro de los cambios previstos alcanza a la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina una disposición que impedía modificar durante 30 años el uso de terrenos afectados por incendios rurales. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción perjudica el desarrollo de actividades productivas y limita el aprovechamiento de esas tierras.

En paralelo, el Senado también tratará un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital de la República Argentina cada 9 de julio, con carácter simbólico, y establecer que los actos oficiales por el Día de la Independencia se realicen en esa ciudad.

Tras el receso legislativo, la Cámara alta prevé retomar la actividad el 6 de agosto, cuando el oficialismo intentará avanzar con la denominada Ley Hojarasca, destinada a derogar normas consideradas obsoletas, además de otros proyectos vinculados a falsas denuncias y salud mental.