"Fin de la tiranía de la matrícula": Sturzenegger anunció una reforma para desregular por completo el mercado inmobiliario
El Ejecutivo presentará un ambicioso proyecto para eliminar la colegiación obligatoria y los honorarios mínimos de los corredores, considerándolos una "aberración social". En paralelo, Caputo ultima el envío de la ley "Inocencia Fiscal II" para captar fondos fuera del sistema.
Lunes, 13 de Julio de 2026
El Gobierno nacional acelera el paso en su agenda de reformas antes del inicio del receso invernal de este año 2026. Bajo la coordinación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la gestión de Javier Milei presentará esta semana un agresivo paquete de desregulación económica que apunta de lleno contra los colegios profesionales del sector inmobiliario, la intermediación de cabotaje y el mercado de capitales local.
La medida más disruptiva está enfocada en el corretaje inmobiliario.El oficialismo busca retirar el encuadre de "profesión liberal" al sector para redefinirlo estrictamente como un servicio de intermediación comercial. El propio Sturzenegger defendió la reforma con vehemencia ante desarrolladores, calificando como una "aberración social" que un colegio profesional tenga la potestad legal de fijar aranceles mínimos por decreto.
"El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado", argumentó el funcionario, enfatizando que la desregulación reducirá los costos de transacción y facilitará el acceso a la vivienda.
Los cuatro pilares de la desregulación inmobiliaria
El proyecto de ley elaborado por la cartera de Desregulación contempla modificaciones estructurales a la normativa nacional vigente (modificando la Ley 20.266 y derogando las restricciones de la Ley 25.028):
Eliminación de la colegiación obligatoria: Se suprime la exigencia de matriculación en un colegio profesional de manera obligatoria como requisito para poder operar de manera legal en el sector.
Libertad absoluta de aranceles: Se eliminan por completo las escalas de honorarios mínimos corporativos; de ahora en más, los precios de los servicios de intermediación se pactarán libremente entre las partes.
Fin de la exclusividad académica: Se deroga la obligatoriedad de contar con un título universitario específico para ejercer la actividad.
Apertura y unificación territorial: Se remueven las barreras geográficas que impedían a los operadores trabajar de manera directa en distintas provincias o jurisdicciones del país.
Desde el entorno del Gobierno sustentan técnicamente el proyecto destacando un patrón político: la proliferación de leyes provinciales que protegieron corporativamente el corretaje nació a partir de 2003, tras la asunción de Néstor Kirchner. En la Casa Rosada no dudan en calificar a estas estructuras como "unidades básicas peronistas" financiadas con el monopolio de las matrículas. Como contraofensiva, representantes de los martilleros de la provincia de Buenos Aires acudieron semanas atrás a reuniones con el exministro Sergio Massa buscando blindar su esquema de colegiación.
Inocencia Fiscal II: Captar los dólares "del colchón"
De forma complementaria a esta ofensiva antiburocrática, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará la próxima semana el proyecto Inocencia Fiscal II ante la Cámara de Diputados. Tras dialogar con tributaristas y profesionales de las finanzas para afinar los límites operativos de la ley inicial, Caputo confía en que el Congreso dará luz verde a esta versión corregida.
"No veo razón para que no aprueben una versión mejorada", remarcó el titular de Hacienda, apuntando a captar parte de los USD 170.000 millones que se encuentran atesorados fuera del sistema financiero local por la desconfianza histórica de los contribuyentes. El Gobierno busca canalizar estos fondos ociosos hacia la inversión productiva, el desarrollo de infraestructura y el financiamiento de PyMEs.
Las reformas y proyectos serán anunciados formalmente por el vocero de la presidencia, Adrián Ravier, en lo que la administración nacional califica como un paso irreversible hacia el libre mercado y la erradicación del corporativismo estatal.
