El juez federal Germán Andrés Castelli, uno de los magistrados del Tribunal Oral Federal N°7 que tiene a su cargo el juicio a Cristina Kirchner por la denominada "causa Cuadernos", le envió una carta al presidente Javier Milei solicitándole que intervenga para frenar el concurso destinado a buscar su reemplazo.

A través de un escrito de ocho carillas, Castelli argumentó que la maniobra para apartarlo de su cargo constituye un "ataque a la estabilidad como garantía del principio de independencia en la magistratura". La controversia en torno a su sillón radica en que su llegada a ese tribunal se efectuó mediante un traslado por decreto durante la administración de Cambiemos.

En su defensa, el magistrado denunció que se le está aplicando una "doble vara" institucional. Para sostener esta afirmación, comparó su situación con la del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques. Según indicó Castelli, Mahiques también llegó a su actual cargo mediante un traslado similar, pero la política decidió validarlo al otorgarle recientemente un nuevo acuerdo en el Senado de la Nación.

Ante la falta de respuestas en el plano local, Castelli solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que considere su caso. Como consecuencia de esta presentación internacional, el Estado nacional ya ha iniciado los pasos correspondientes para intentar un proceso de solución amistosa.

El conflicto por la validez constitucional de los traslados de magistrados lleva más de seis años de tensión política y judicial, y tiene como punto de inflexión una resolución clave del máximo tribunal del país.

En el año 2022, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que aquellos jueces que fueron trasladados de un tribunal a otro sin haber pasado por un nuevo proceso de concurso -tal como propuso en su momento el Poder Ejecutivo y validó el Senado- ocupan esos cargos de manera transitoria. El fallo estableció que su inamovilidad es limitada y rige únicamente hasta que se designe a un juez titular mediante las vías regulares.

Pese a que el fallo marcaba un precedente general, en la práctica el Consejo de la Magistratura solo avanzó con la apertura de concursos para buscar los reemplazos de un grupo muy reducido de magistrados: el propio Castelli y los jueces de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.