En medio de una creciente tensión política, el oficialismo decidió clausurar el debate legislativo de esta semana en el Senado de la Nación. La medida de La Libertad Avanza busca evitar que la oposición, encabezada por el bloque Justicialista de José Mayans, avance con un pedido de interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La embestida opositora se fundamenta en un documento firmado por senadores peronistas -entre ellos Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria- que acusa al funcionario de presentar "graves inconsistencias patrimoniales". Según el escrito, Adorni registra un "impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal" desde su llegada a la función pública, además de presuntas omisiones y contradicciones en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción y ARCA.

Frente a la inminente posibilidad de que el peronismo utilizara la sesión del jueves para presentar cuestiones de privilegio o exigir la interpelación, la bancada libertaria que conduce Patricia Bullrich resolvió cortar por lo sano. La cancelación del plenario no solo posterga el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Federico Sturzenegger y la votación de pliegos judiciales, sino que también haría caer la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para este miércoles.

El clima de tensión en la Cámara Alta se había encendido la semana pasada cuando Adorni anunció que recién acudiría a dar su informe de gestión en el mes de julio. La dilación provocó el rechazo de Villarruel, del justicialismo y de bloques aliados como el PRO. A través de una nota, el senador Martín Goerling Lara le recordó al Ejecutivo que la última visita de un jefe de Gabinete ocurrió hace casi un año, en junio de 2025, de la mano de Guillermo Francos.

"Si la Justicia avanza con la investigación y claramente lo imputa y lo procesa, tiene que dar un paso al costado del cargo", advirtió la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños), habitual aliada del oficialismo.

El futuro del jefe de ministros quedó atado a la evolución del expediente judicial. Tal como advirtió Royón, el estado de alerta en la Cámara Alta se mantiene intacto: si la Casa Rosada no toma medidas ante un eventual revés judicial, será el propio Congreso el que active los mecanismos constitucionales para forzar su remoción.