Con el objetivo de modernizar la economía y garantizar la absoluta transparencia en la gestión pública, el oficialismo en la Cámara de Diputados acelera el tratamiento de dos proyectos fundamentales para la nueva Argentina: el Súper RIGI y la Ley de Lobby. La meta de la Casa Rosada es llevar ambas iniciativas al recinto el próximo 24 de junio, marcando un nuevo hito en el proceso de transformación del país.

Bajo el liderazgo de los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Nicolás Mayoraz en las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, el Gobierno continúa desmontando las trabas que durante décadas estancaron el desarrollo nacional. A pesar de los intentos de ciertos sectores de la oposición y de corporaciones por dilatar los debates, las comisiones avanzan con el firme propósito de firmar los dictámenes la próxima semana.

Súper RIGI: la puerta a las mega-inversiones globales

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Súper RIGI) es la herramienta diseñada por el Ejecutivo para insertar definitivamente a la Argentina en el radar del capital mundial. Este proyecto apunta a atraer inversiones de más de US$ 1.000 millones en sectores tecnológicos y productivos que hoy no cuentan con desarrollo en el país, generando empleo genuino y un fuerte incremento en las exportaciones.

Durante el plenario, la diputada Silvana Giudici expuso con claridad meridiana la falsedad del argumento opositor sobre el supuesto "costo fiscal" de la medida: "Se preguntan por el costo fiscal. ¿Costo fiscal de qué? Si eso hoy no existe en la Argentina. Es cero el costo fiscal porque no existe. Competir desde este último lugar en el mundo con países de economías desarrolladas [...] es una oportunidad para que la Argentina vuelva a ser grande".

Frente a un régimen que busca resultados concretos y la coordinación federal para el desarrollo de nuestros recursos naturales, la oposición tradicional (UCR y MID) intentó condicionar el proyecto pidiendo extender "anabólicos" a otros sectores o atar las reducciones impositivas (al 15% o 20% de Ganancias) a cuotas de financiamiento universitario o becas. Sin embargo, el Gobierno mantiene el norte claro: priorizar la inyección de capital a gran escala para reactivar la economía de raíz.

Ley de Lobby: el fin de las negociaciones en las sombras

En paralelo, el oficialismo avanza con el Régimen de Gestión de Intereses, un proyecto histórico diseñado para garantizar la publicidad, trazabilidad y probidad en las interacciones entre los funcionarios del Estado y los actores privados. La premisa es simple: que los argentinos sepan quién se reúne con quién y para qué.

Como era de esperarse ante una medida que busca erradicar los privilegios y la opacidad, el proyecto enfrentó resistencias. Representantes del statu quo, incluyendo al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y diversas ONG (como ACIJ), expresaron reparos ante la amplitud de la norma. Argumentaron que la exigencia de registrar las gestiones de intereses podría afectar el "secreto profesional" o el "derecho a la participación".

Para el Gobierno, estas críticas no son más que la reacción natural de sectores acostumbrados a operar sin el escrutinio público. La administración libertaria sostiene que penalizar las omisiones y exigir la inscripción en un registro público no vulnera derechos, sino que protege a los ciudadanos, asegurando que las decisiones del Estado no sean secuestradas por intereses particulares ocultos.