En busca de la verdad
En busca de la verdad
Desde Casa Rosada hay una estricta orden de insistir con la eliminación de las PASO y su proyecto de Ficha Limpia.
El Senado pospondrá hasta agosto el debate sobre la reforma electoral propuesta por el Gobierno, debido a las lentas negociaciones para obtener los votos necesarios. Los puntos de conflicto con la UCR, el PRO y bloques provinciales son la "Ficha Limpia" y la eliminación de las PASO.
Fuentes parlamentarias indican que el debate se reanudará tras el receso invernal, y la actividad podría ralentizarse aún más por el Mundial de Fútbol. El oficialismo planea usar este tiempo para acercar posiciones con sectores dialoguistas.
La iniciativa del Ejecutivo incluye, además de la eliminación de las PASO, la implementación de la Ficha Limpia, cambios en los requisitos para el reconocimiento de partidos políticos, modificaciones en el financiamiento partidario, la eliminación de la publicidad electoral gratuita y la supresión de los debates presidenciales obligatorios.
El ministro del Interior, Diego Santilli, impulsor de la reforma, ha dialogado con gobernadores peronistas y la oposición dialoguista para sumar apoyo. Santilli argumenta que las PASO cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares y que "la gente no quiere votar tantas veces".
Sin embargo, el oficialismo enfrenta dificultades para lograr la mayoría. La Libertad Avanza tiene 21 senadores y necesita 16 más para alcanzar los 37 votos requeridos. Parte del radicalismo y el PRO rechazan la eliminación definitiva de las primarias, prefiriendo que sean optativas, y varios legisladores vinculados a gobernadores dialoguistas tampoco apoyan la propuesta.
La sesión de hoy se centra en pliegos judiciales, tratados internacionales y el blanqueo de armas de fuego.
Según fuentes oficialistas, Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en el Senado, ha informado a la Casa Rosada que "hoy no están los votos para eliminar las PASO". Bullrich había sugerido considerar ambas modificaciones para destrabar acuerdos, pero la Casa Rosada, por órdenes directas de Karina Milei, ignoró la sugerencia.
Algunos funcionarios concuerdan con Bullrich, pero descalificar a "El Jefe" nunca ha sido una buena idea. Las quejas de los aliados persisten, exigiendo unas "PAS" (Primarias sin obligatoriedad) y que el capítulo de Ficha Limpia se trate por separado.
Tras la devolución a comisión del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación del pliego de la jueza María Verónica Michelli, el bloque oficialista se siente frustrado, a pesar de sus recientes victorias parlamentarias.
En la última sesión del Senado, el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara, solicitó preferencia para tratar el proyecto de Ficha Limpia, originario del macrismo.Sin embargo, el Gobierno rechaza por ahora un tratamiento separado de Ficha Limpia, como pretendían el PRO, la UCR y Provincias Unidas. La estrategia de la Casa Rosada es mantener el paquete completo de la reforma electoral y negociar cada punto integralmente.
Aunque han surgido rumores sobre una posible "Ley de Lemas" para cargos legislativos, esta opción no figura explícitamente en el proyecto.
El texto establece que cada agrupación política podrá presentar una sola lista por categoría electoral, impidiendo múltiples listas dentro de una misma fuerza.
No obstante, la iniciativa contempla mecanismos de adhesión entre agrupaciones nacionales y distritales para compartir una misma franja en la Boleta Única de Papel.
Los defensores de la eliminación de las PASO argumentan que el sistema genera un gasto millonario y obliga a los ciudadanos a votar múltiples veces. También sostienen que las primarias se han convertido en una primera vuelta anticipada sin competencia real.
Sus detractores, en cambio, afirman que las PASO democratizan la selección de candidatos, resuelven disputas internas y evitan que las decisiones recaigan exclusivamente en las cúpulas partidarias.
La incorporación de Ficha Limpia también genera controversia. El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos.
Sus impulsores sostienen que la medida fortalece la transparencia y evita que condenados accedan a cargos públicos. Los críticos advierten que podría permitir la utilización política del Poder Judicial para excluir candidatos antes de una sentencia firme.
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