Tras el crimen de Agostina Vega en Córdoba, el Gobierno ha reactivado la discusión interna sobre la reforma del Código Penal, buscando enviar el proyecto al Congreso "cuanto antes". La propuesta incluye un endurecimiento de penas para violadores, cambios en delitos sexuales y ampliación de la prisión perpetua. Aunque el Ejecutivo presenta la reforma como parte de una agenda penal preexistente, el caso Agostina aceleró el proceso.

La investigación del asesinato de la adolescente de 14 años, que llevó a agravar la imputación a femicidio con pena de prisión perpetua, generó impacto nacional y cuestionamientos sobre la actuación judicial y policial. Esto impulsó al Gobierno a acelerar las conversaciones sobre el nuevo paquete penal, que se había demorado por diferencias políticas y técnicas.

El principal punto de conflicto es el texto final que se presentará al Congreso. Mientras el entorno de Santiago Caputo afirma que la reforma está "trabada" en el Ministerio de Justicia, los equipos del ministro Juan Bautista Mahiques aseguran que están "terminando de definir" la versión a enviar y que saldrá a corto plazo. La Secretaría Legal y Técnica ha revisado el borrador en varias ocasiones por desacuerdos en la redacción.

Existen dos posturas en el oficialismo: un sector cree que ya había una reforma amplia preparada que el nuevo esquema de justicia recortó y demoró, mientras que el equipo de Mahiques busca un proyecto más ordenado y viable parlamentariamente, evitando temas que puedan bloquear su tratamiento.

La alternativa que cobra fuerza es una reforma por etapas, comenzando por capítulos con mayor consenso, como delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras, motochorros, viudas negras, armas en cárceles, picadas ilegales y nuevas modalidades de criminalidad organizada y tecnológica. El Gobierno destaca el agravamiento de penas para violadores y abusadores, la imprescriptibilidad de delitos sexuales graves y la ampliación de supuestos de prisión perpetua, con el objetivo de "poner a las víctimas en el centro".

El texto original de la reforma, trabajado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona, era más extenso e incluía un endurecimiento generalizado de penas y nuevos delitos. La revisión de Mahiques busca reducir la amplitud del proyecto para evitar su estancamiento en el Congreso.

En este rediseño, el Gobierno descarta modificar la figura de femicidio, a pesar de intenciones previas de revisarla, para evitar un mayor costo político. Tampoco habrá cambios en la ley de aborto. Estas decisiones se deben a la intención de no incluir temas que no son prioritarios en la agenda legislativa inmediata.

La demora en el envío del proyecto ha reavivado tensiones internas en el oficialismo, con cuestionamientos por la falta de definición mientras la seguridad vuelve al centro del debate público. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, ya había anunciado la modificación del Código Penal, "poniendo foco en el endurecimiento de las penas", como parte de un paquete de proyectos de ley.