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El Congreso acelera: el oficialismo pone en marcha el debate del super-RIGI y la ley de Lobby

La Casa Rosada busca acelerar el tratamiento de iniciativas económicas e institucionales en ambas cámaras del Congreso.

Lunes, 1 de Junio de 2026

El Congreso se prepara para una semana cargada de actividad legislativa luego de que el Gobierno nacional enviara una serie de proyectos que forman parte de su agenda de reformas económicas e institucionales. Entre las iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza se destacan el denominado "super-RIGI", la ley de Lobby, la reforma del régimen societario, además de propuestas para derogar la ley de Etiquetado Frontal y modificar la normativa sobre ludopatía.

Mientras algunas de estas iniciativas comenzarán a debatirse en comisión durante los próximos días, otras todavía no tienen fecha definida para su tratamiento. Paralelamente, continúan estancados proyectos que generan fuertes diferencias políticas, como la reforma electoral promovida por el Poder Ejecutivo, que incluye la eliminación de las PASO y disposiciones vinculadas a Ficha Limpia.

Uno de los ejes centrales de la agenda oficialista será el debate del super-RIGI, un régimen orientado a incentivar grandes inversiones en sectores tecnológicos y productivos emergentes. La iniciativa, inspirada en el RIGI aprobado dentro de la Ley Bases, será analizada el miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

El proyecto busca ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios para atraer capitales destinados a actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país, garantizando además estabilidad normativa de largo plazo para los inversores.

Ese mismo miércoles también comenzará la discusión parlamentaria sobre la ley de Lobby. El debate se desarrollará en un plenario informativo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se pondrán en consideración distintos proyectos presentados por legisladores de diversos espacios políticos.

La propuesta apunta a transparentar las gestiones de intereses realizadas ante funcionarios y legisladores nacionales, estableciendo mecanismos para registrar reuniones, audiencias y contactos vinculados con la elaboración de políticas públicas. El esquema toma como referencia modelos aplicados en Estados Unidos y Europa.

Entre sus principales puntos figura la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso libre y digital, donde deberán inscribirse las personas o entidades que busquen influir en procesos de toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En paralelo, el Senado prevé sesionar el jueves con una agenda que incluye el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo relacionado con los acreedores que permanecen fuera de los canjes de deuda realizados tras el default de 2001.

La inclusión de numerosos pliegos de jueces y fiscales generó controversias entre los bloques, motivo por el cual la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó previamente a una reunión de Labor Parlamentaria para intentar alcanzar consensos y ordenar el desarrollo de la sesión.

Por otra parte, el oficialismo buscará avanzar en comisión con la denominada Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción de Diputados. En cambio, las iniciativas enviadas recientemente por el Ejecutivo para eliminar el etiquetado frontal de alimentos y modificar la legislación vinculada a la ludopatía aún no tienen cronograma definido en la Cámara alta.

A pesar de la cercanía del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, desde el oficialismo aseguran que la actividad legislativa continuará con normalidad durante junio. La estrategia contempla sesiones más breves pero frecuentes, evitando únicamente superponer debates parlamentarios con los encuentros de la Selección argentina.

El objetivo es mantener activo el trabajo legislativo y avanzar con proyectos considerados prioritarios por el Gobierno, especialmente aquellos que tienen plazos definidos, como el acuerdo de conciliación con los holdouts, cuya ratificación parlamentaria deberá concretarse antes del 30 de junio.