La Marcha Federal Universitaria de este martes no alteró la hoja de ruta del Gobierno nacional. Lejos de abrir una instancia de diálogo, los funcionarios de Javier Milei profundizaron el discurso de la "batalla cultural", vinculando la protesta con sectores del radicalismo y el peronismo. 

La estrategia oficial se asienta ahora en un frente judicial: el Ejecutivo espera que la Corte Suprema de Justicia invalide la ley de financiamiento sancionada por el Congreso, bajo el argumento de que la norma no especifica el origen de los fondos para su cumplimiento.

Mientras la Plaza de Mayo se colmaba, el Presidente utilizó sus redes sociales para replicar mensajes que calificaban la movilización como un intento de "desestabilización" y una defensa de "cajas sin control". 

Esta línea fue reforzada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien definió a las universidades como estructuras dominadas por "corporaciones políticas y sindicales", asegurando que se utiliza una "causa noble" para esconder objetivos opositores.

Marcha Universitaria: pidieron que la Corte Suprema "los acompañe" y "no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley"

Argentina

Rectores, docentes y estudiantes afirmaron que la marcha fue impulsado por "el derecho a la educación" y la "obligación" del Estadode financiar la universidad pública.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se buscó desviar el foco del financiamiento hacia la eficiencia del gasto. La ministra anunció el lanzamiento de un micrositio con datos sobre tasas de egreso y costo por graduado, al tiempo que volvió a cargar contra la UBA por la falta de rendición de cuentas en salud y su negativa a arancelar a estudiantes extranjeros. 

Según la cartera, las universidades se amparan en su autarquía para evitar auditorías sobre recursos que la población desconoce cómo se utilizan.

En contraste, el documento final de la marcha -respaldado por rectores, gremios y estudiantes- denunció una situación "crítica". Según las instituciones, el sistema universitario sufrió una caída real acumulada del 45,6% en sus transferencias entre 2023 y 2026, lo que ha llevado a los salarios docentes a su nivel más bajo en más de dos décadas. 

El conflicto escaló además por el reciente recorte de casi $79.000 millones en programas educativos oficializado el lunes, una medida que el Ministerio de Economía defendió como una búsqueda de "eficiencia" y no como una desinversión.