El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 y asignó fondos para el plan de retiros voluntarios en la ANSES, además de reforzar partidas para el pago de juicios previsionales y reordenar gastos en distintas áreas del Estado.

Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial de este lunes con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma, en particular, "modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026", de acuerdo con las planillas anexas que forman parte de la medida.

En ese marco, el texto incorpora partidas destinadas al "Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)".

El Gobierno había puesto en marcha en marzo pasado un plan de retiros voluntarios para el personal de esa entidad. Lo hizo a través de la Resolución 68/2026, también publicada en el Boletín Oficial, donde oficializó la apertura de un programa de extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), destinado a los trabajadores de la ANSES que posean al menos dos años de antigüedad, aunque la aprobación final quedaría sujeta a la evaluación del organismo.

El programa anunciado estableció una indemnización equivalente al 90% de un sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre las remuneraciones habituales, con un tope de 24 haberes brutos. El pago se realizaría en una sola cuota hasta $80 millones, y en dos cuotas mensuales si el monto supera esa cifra.

Asimismo, la Decisión Administrativa publicada este lunes dispone incrementar el límite para la atención de obligaciones previsionales en la suma de $500.000 millones, estableciendo un total de $712.288 millones, destinado a cubrir "sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa".

La medida también dispone "rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional", en el marco de la reasignación de recursos.

Además, se introducen modificaciones en el presupuesto del Consejo de la Magistratura "a efectos de posibilitar su normal funcionamiento".

De acuerdo con el texto oficial, la decisión administrativa fue dictada en uso de las facultades conferidas por la normativa vigente para la modificación del presupuesto durante su ejecución.