La Justicia avanza sobre una investigación que expone cómo se habrían gestionado coimas para destrabar importaciones mediante el sistema SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández, en pleno cepo cambiario y con fuertes restricciones para acceder al dólar oficial. El caso surgió a partir del análisis del celular de Martín Migueles, empresario vinculado a Elías Piccirillo, donde aparecieron conversaciones sobre pagos de entre el 10% y el 15% para acelerar autorizaciones.

Migueles habría funcionado como nexo entre privados y contactos con capacidad de influencia en el proceso administrativo. El mecanismo era perverso: empresas necesitaban liberar importaciones, el Estado kirchnerista mantenía trabado el acceso al dólar oficial y, en ese contexto, aparecían intermediarios que ofrecían resolver el problema a cambio de una comisión. El cepo no ordenaba nada, era una excusa para cobrar coimas.

En una conversación de marzo de 2023 con un contacto agendado como "Adriel La Plata", Migueles ofreció conseguir una SIRA en una semana. En uno de los audios, sostuvo que podía obtenerla por "11 puntos" y que, una vez aprobada, había que pagar porque "viene de arriba" y no sería rechazada. Luego, su interlocutor le envió documentación societaria y escribió una frase que quedó incorporada al expediente: "Billete cara grande jaja".

La investigación también menciona a Héctor Ezequiel Caputto, alias "El Pipo", otro contacto de Migueles para acelerar trámites. En uno de los mensajes, Héctor avisó que la operación de las maquinarias ya estaba firmada y detalló el cálculo del dinero que debía quedar "adentro", es decir, destinado al circuito interno de la maniobra. Según ese intercambio, de una operación de 54.600 dólares quedaban alrededor de 1.100 dólares para repartir entre los intermediarios.

El fiscal Franco Picardi sostuvo en su dictamen que los intercambios permiten observar una estructura de intermediación y reparto económico en torno a las autorizaciones SIRA. Por eso, pidió que la Secretaría de Comercio informe qué funcionarios aprobaron esas operaciones. Las SIRA dependían de decisiones estatales y, según el fiscal, algunas se aprobaban en apenas 10 días cuando los plazos habituales podían llegar hasta 180.

La causa también investiga presuntas irregularidades con la venta de dólar oficial a través de casas de cambio, entre ellas Arg Exchange, vinculada a Migueles, Piccirillo y Francisco Hauque. La sospecha es que habrían accedido a divisas oficiales autorizadas por funcionarios del Banco Central para luego venderlas en el mercado paralelo con una ganancia extraordinaria.

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