En busca de la verdad
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Los cambios introducidos en el organigrama de Seguridad apuntan "a lograr una mejor gestión de las competencias asignadas a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.
El gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en una amplia reestructuración del Ministerio de Seguridad Nacional. Así quedó plasmado en el Decreto 327/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Allí se modifica el organigrama vigente desde 2019 y redefine competencias de distintas secretarías y subsecretarías.
De acuerdo con el gobierno libertario los cambios aprobados hoy apuntan a lograr "una mejor gestión de las competencias asignadas" al ministerio y adecuar el funcionamiento operativo de la estructura nacional de seguridad.
Entre las principales modificaciones introducidas se incorporó la nueva Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional, que tendrá bajo su órbita áreas vinculadas con formación, carrera profesional y cooperación internacional de las fuerzas federales.
La nueva dependencia incluirá la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, además de áreas específicas de entrenamiento, ingreso y carrera del personal de seguridad. También se creó una coordinación dedicada al vínculo con organismos de financiamiento internacional y otra enfocada en cooperación internacional.
También se redefinieron funciones de la Secretaría de Seguridad Nacional y de las subsecretarías de Intervención Federal y Despliegue Territorial, junto con cambios en áreas de articulación operativa con provincias y organismos públicos y privados.
Dentro de la Subsecretaría de Articulación Federal, el Gobierno reforzó la estructura vinculada al funcionamiento del Consejo de Seguridad Interior y su Comité de Crisis. La normativa establece nuevas funciones para coordinar acciones entre fuerzas federales y provinciales y fortalecer la seguridad interior en sectores estratégicos.
En paralelo, la reforma incorporó nuevas áreas destinadas al sistema penitenciario federal. Entre ellas figura la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, encargada de coordinar la implementación y monitoreo de tobilleras electrónicas como alternativa a medidas restrictivas de la libertad.
También se creó la Dirección Nacional de Modernización del Sistema y de la Arquitectura Penitenciaria, que tendrá a cargo el diagnóstico de infraestructura carcelaria y la planificación de nuevas obras y ampliaciones en unidades penitenciarias federales.
Otra de las áreas incorporadas es la Dirección Nacional de Reinserción Social, enfocada en programas para personas privadas de la libertad y en políticas destinadas a facilitar su reintegración social y laboral tras el cumplimiento de condenas.
El Gobierno además sumó nuevos objetivos para la Secretaría de Coordinación Administrativa, vinculados al bienestar del personal de las fuerzas federales y a la atención de su salud física y mental y la de sus grupos familiares.
La reestructuración también alcanzó áreas de auditoría, comunicación institucional, asuntos jurídicos, logística, tecnología y administración interna. En ese marco, el decreto dispuso la derogación, incorporación y reasignación de cargos dentro del convenio del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
En materia internacional, el Ejecutivo redefinió funciones de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, reforzando su participación en organismos especializados en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
El decreto estableció que los cambios entraron en vigencia desde el día de su dictado y que el gasto derivado de la nueva estructura será financiado con partidas ya asignadas al Ministerio de Seguridad Nacional.
El informe reveló una mejora mensual desestacionalizada de 4,7%, mientras que el acumulado del primer trimestre cerró con un alza de 3,9% frente al mismo período de 2025, según INDEC.
