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El Gobierno dilata el envío de la reforma del Código Penal al Congreso

Dos sectores del Ejecutivo debaten entre aplicar cambios graduales o presentar una reforma más amplia al parlamento.

Domingo, 5 de Abril de 2026

El gobierno ha reabierto las discusiones internas sobre la reforma del Código Penal, retrasando su presentación al Congreso.

El debate central dentro del Poder Ejecutivo gira en torno a si se debe proceder con un conjunto parcial de modificaciones, centrado en nuevos delitos y penas más severas, o presentar una propuesta más amplia a la Cámara de Diputados, basándose en el texto revisado tras los cambios en el Ministerio de Justicia.

La decisión final se tomará en las próximas reuniones políticas. Una facción que incluye a Mahiques, Martín Menem y Eduardo Menem favorece un enfoque gradual, priorizando los cambios política y parlamentariamente viables, evitando debates simultáneos sobre todos los aspectos de una reforma completa.

Este enfoque limitado incluiría los cambios transitorios de la Casa Rosada al código actual, abordando específicamente los esquemas piramidales, los crímenes de "viuda negra", el robo de bancos, la invasión de viviendas y los delitos cometidos por motochorros. También incluye penas más severas por grooming, abuso sexual infantil, carreras callejeras, posesión de armas en prisiones y maltrato animal.

Las modificaciones relacionadas con los delitos de inmigración, como la entrada ilegal, el fraude migratorio y la reincidencia de extranjeros deportados, también forman parte del paquete.

Fuentes en Balcarce 50 explican que la discusión se refiere no solo al número de artículos, sino también al tipo de temas y al orden de su presentación.

El partido gobernante reconoce que este enfoque gradual tiene como objetivo centrarse inicialmente en los delitos con mayor consenso social y menor resistencia legislativa. El objetivo es mostrar una agenda de endurecimiento penal centrada en la seguridad urbana, la protección de las víctimas y las nuevas formas de delincuencia, sin empantanarse en debates más amplios.

Por el contrario, las facciones alineadas con Santiago Caputo abogan por una presentación más ambiciosa al Congreso, que abarque un conjunto más amplio de modificaciones.

Esta postura argumenta que una fragmentación excesiva podría diluir el impacto político de la reforma y prolongar indefinidamente la discusión de los puntos que el gobierno considera centrales.

Este alcance más amplio incluye temas delicados como el tratamiento penal de la corrupción, los cambios en las regulaciones sobre lavado de dinero y otros capítulos de borradores anteriores.

Esta área representa una de las principales tensiones internas. Han surgido preocupaciones recientes con respecto a la supuesta falta de aumento de las penas por corrupción e informes de una posible reducción en el peso relativo de estos delitos dentro del nuevo marco.

La discusión también se ha extendido a los cambios en las regulaciones sobre lavado de dinero, y algunos borradores en consideración elevan el umbral para ciertos actos punibles. Si bien el gobierno afirma que nada es definitivo, reconoce que estos puntos se encuentran entre los más delicados en la negociación política y técnica.

La disputa también abarca otros capítulos que han sido revisados ??tras el cambio de liderazgo en Justicia. Los debates sobre temas políticamente cargados como el aborto, el femicidio, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, los delitos de lesa humanidad y ciertos aspectos penales relacionados con el medio ambiente han, al menos por ahora, perdido prioridad.

La lucha de poder también continuará dentro de la Secretaría de Asuntos Legales y Técnicos, liderada por María Ibarzabal, que es responsable de revisar la redacción final, aprobar la documentación y presentarla para la firma de Javier Milei.

Esta área finalizará qué texto avanzará, en qué formato y con qué alcance. Fuentes dentro del partido gobernante sostienen que la decisión se tomará en los próximos días y que aún no se ha llegado a una versión final.

Por lo tanto, la presentación de la reforma permanece suspendida mientras continúan las discusiones, centrándose no solo en cuándo presentarla, sino también en qué parte del Código Penal el gobierno está dispuesto a poner en juego ahora.