El Gobierno nacional aceleró la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla durante abril, en medio de los amparos judiciales que frenaron parte de su implementación. El Ejecutivo ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el 27 de febrero, con la decisión política de avanzar sin cambios de fondo sobre el contenido aprobado.

En la Casa Rosada aseguran que no habrá retrocesos ni una "morigeración" de los puntos centrales de la reforma por efecto de las presentaciones judiciales. No obstante, reconocen que la reglamentación buscará reforzar técnicamente los aspectos que quedaron bajo mayor cuestionamiento, con la intención de reducir márgenes de impugnación y dar mayor solidez a la aplicación de la norma.

La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. El objetivo oficial es concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, en caso de ser necesario, escalar la discusión hasta la Corte Suprema. En el oficialismo sostienen que la meta es unificar los procesos para responder de manera coordinada en todos los frentes judiciales que se abran contra la reforma.

El circuito de la reglamentación involucra a las áreas de Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, donde se unifica el texto final para su publicación en el Boletín Oficial. La participación de ARCA aparece como un punto central, ya que la ley le asigna funciones específicas en materia de registración laboral y en la instrumentación de obligaciones de seguridad social.

Entre los puntos bajo mayor seguimiento figura el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya reglamentación está entre las prioridades del oficialismo. Según admiten en el Ejecutivo, también se analiza la posibilidad de direccionar ese esquema tanto hacia colocaciones del Tesoro como a otras alternativas de inversión. Además, la reglamentación deberá precisar aspectos sensibles de la ley, como la aplicación a relaciones laborales ya existentes, los sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia y las condiciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial.

La aceleración del decreto se inscribe, además, en una estrategia más amplia sobre el mapa judicial laboral. El Gobierno también busca sostener el acuerdo de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires, una pieza que considera parte del blindaje institucional para ordenar la disputa judicial. En los despachos oficiales descuentan que la definición de fondo sobre la reforma laboral terminará, finalmente, en la Corte Suprema.