En medio de las protestas contra la baja de unos 900 mil beneficios del programa Volver al Trabajo, la Casa Rosada ratificó que no negociará con la UTEP ni con otras organizaciones. La tensión escaló este martes con asambleas en estaciones de trenes y una protesta frente al country donde Manuel Adorni tiene una propiedad.
El Gobierno nacional volvió a cerrar la puerta a cualquier canal de diálogo con los movimientos sociales, aun cuando las protestas comenzaron a intensificarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires. "Con los movimientos sociales no tenemos nada que hablar", señalaron fuentes oficiales, en una definición que marca la línea que sostendrá la Casa Rosada frente al nuevo plan de lucha.
La reacción oficial llega después de la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar desde abril cerca de 900 mil beneficios de $78.000 mensuales del programa Volver al Trabajo y reemplazarlos por vouchers de capacitación laboral. Según Infobae, el cambio forma parte del cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo y apunta a sustituir las transferencias mensuales por un sistema condicionado a formación e inserción laboral.
En rechazo a esa medida, la UTEP, Libres del Sur y otras organizaciones lanzaron este martes asambleas en estaciones cabeceras de trenes del AMBA y anunciaron para el 7 de abril una jornada nacional de cortes y ollas populares. La organización sostiene que la baja de esos ingresos afectará no solo a las familias alcanzadas, sino también al consumo en comercios de cercanía y a las economías locales.
La protesta también tomó un tono más personalizado. Durante la jornada, la UTEP se movilizó hasta el ingreso del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, donde Manuel Adorni tiene una propiedad registrada a nombre de su esposa, según informó La Nación. Allí, los manifestantes reclamaron que no se elimine el programa y cuestionaron el nivel de vida de funcionarios mientras se recortan recursos a sectores vulnerables.
Lejos de retroceder, el oficialismo parece decidido a sostener el conflicto. En la Casa Rosada interpretan que volver a negociar con las organizaciones sociales implicaría dar marcha atrás con uno de los ejes centrales de la política social de Javier Milei: eliminar intermediaciones, reducir transferencias directas no condicionadas y reemplazarlas por mecanismos asociados a capacitación. Por ahora, la señal es inequívoca: habrá protesta en la calle, pero no mesa de negociación.