Se suspendió la audiencia clave en la que la Cámara Federal de Casación Penal debía resolver qué juzgado debe intervenir en uno de los expedientes más sensibles que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de la causa por la mansión de Pilar, donde se investigan presuntas maniobras de lavado y fraude.

Previamente el fiscal general ante Casación, Mario Villar, consideró que el expediente debe volver al juez, Daniel Rafecas, o a Marcelo Aguinsky. Villar argumentó que la causa se inició con un correo electrónico de uno de los principales acusados, Luciano Pantano, donde pidió la inhibitoria del Juzgado en lo Penal Económico. Es decir, no existía una causa previa a ese correo electrónico.

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, durante la última reunión del Comité Ejecutivo. (AFA)

Villar planteó: "En todo caso el correo electrónico debió ser remitido o presentado donde sí existía una causa sobre esos hechos, donde sí existía un expediente judicial en trámite. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa".

Aunque la audiencia estaba centrada en el expediente por la mansión de Pilar, la decisión de la Cámara iba a impactar sobre el resto de las causas vinculadas. Se esperaba que si los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky consideraban que había conexión entre los hechos, podría haber ordenado que se concentren en un mismo fuero. Si no, cada investigación seguirá su curso por separado en los juzgados donde ya tramita.

La AFA enfrenta varias investigaciones abiertas que avanzaron en distintos juzgados y que ahora entran en una disputa técnica sobre competencia. La decisión que adopten los camaristas no sólo ordenará el expediente, sino que también impactará en la velocidad y profundidad de las medidas judiciales.

El caso involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, ambos bajo la lupa en distintos tramos de la investigación. A la par, se acumulan elementos de prueba, como chats, movimientos financieros y documentación contable, que forman parte de los distintos expedientes.

Una disputa de competencia que puede definir el curso de la investigación

La audiencia de este lunes iba a tener como como objetivo central resolver el conflicto de competencia entre juzgados en la causa de la mansión de Pilar. La Justicia investiga un presunto esquema de lavado de activos con posibles vínculos con la dirigencia del fútbol argentino. Entre los apuntados se encuentra Toviggino.

En términos concretos, los jueces debían determinar si la investigación sigue en Campana o cambia de juzgado e incluso de fuero.

La AFA mantiene una estrategia judicial orientada a que la causa continúe en el fuero federal de Campana, mientras que otros actores impulsan que el caso regrese a los tribunales de Comodoro Py o pase al fuero penal económico, donde se investigan delitos vinculados a evasión y lavado.

La discusión no es menor. Detrás de la definición subyacen diferencias sobre el encuadre de los delitos y la estrategia de investigación. Mientras algunos tramos del expediente apuntan a maniobras de evasión y apropiación indebida de aportes, otros se enfocan en presunto lavado de activos a través de sociedades y operaciones en el exterior.

La mansión de Pilar

La causa sobre la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, se encuentra en disputa entre distintos Juzgados. Se trata de una mansión que está a nombre de Real Central S.A., una firma del monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.

Hasta ahora no apareció una explicación económica de cómo hicieron estas dos personas para adquirir la mansión, que cuenta con helipuerto, un haras, un galpón con decenas de vehículos de alta gama y otros tantos lujos. Por eso se los señaló como presuntos testaferros.
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Vista aérea de la mansión de Pilar atribuida a Tapia y Toviggino

La Cámara Federal de Casación Penal recibirá este lunes a las partes involucradas para decidir quién debe llevar adelante la investigación.

Inicialmente, el caso estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas, quien luego le pasó el caso a su par del fuero penal económico Marcelo Aguinsky. Sin embargo, tras una maniobra judicial de Pantano, la causa pasó a manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

No obstante, el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, solicitó que la causa saliera del juzgado de Charvay y regresara al de Aguinsky.

La definición está en manos de la Sala I del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en calidad de denunciante, pidió que la jueza Ángela Ledesma se apartara del caso. La acusó de estar relacionada con el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Gerardo Zamora, quien tendría un vínculo estrecho con Toviggino en los negocios del fútbol en esa provincia.

A la vez, Carrió pidió que el camarista Carlos "Coco" Mahiques, quien supuestamente celebró su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggino -por lo que se apartó de la Sala I-, se presentara a declarar como testigo en la causa.

Se trata del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.