En busca de la verdad
En busca de la verdad
Después de lograr revertir la condena por la expropiación de la petrolera, el país descomprimió su frente judicial. Sin embargo, quedan varias causas abiertas afuera del país.
La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de la Argentina por la expropiación de YPF y anuló la sentencia millonaria que obligaba al país a pagar US$16.000 millones más intereses.
La decisión llegó luego de años de batalla judicial y fue un alivio para el país, ya que el caso YPF era el principal litigio internacional y el que tenía una sentencia de mayor monto.
Más allá de ese caso, la Argentina enfrenta otras batallas legales en los tribunales internacionales por un monto total que supera los US$10.000 millones. Entre los principales, hay conflictos que tienen que ver con el default de 2001 y otros relacionados con la manipulación de estadísticas del INDEC durante el kirchnerismo.
Un caso de vieja data es el de los holdouts del default de 2001. A pesar de los tres canjes realizados por la Argentina en 2005, 2010 y 2016 por US$9300 millones, todavía hay un remanente de fondos buitre que continúan su reclamo en tribunales internacionales por los bonos que no se pagaron durante la crisis de principios de este siglo.
Según cálculos del FMI, estas demandas representan un pasivo contingente de US$2400 millones.
Unos US$500 millones ya estaban en condiciones de ser ejecutados. Es el caso del fondo Bainbridge, que tenía una sentencia a su favor por unos US$95 millones más intereses. Mientras que el fondo Attestor, contaba con sentencia firme por US$460 millones y había logrado embargar US$209 millones del colateral de los bonos Brady que la Argentina tenía depositados en Nueva York porque no podía sacarlos hasta su vencimiento, en 2023.
Sin embargo, la justicia estadounidense había congelado US$100 millones de ese colateral a la espera de que Bainbridge y Attestor se pusieran de acuerdo sobre quién tenía prioridad en el cobro y cómo lo iban a repartir. A principios de marzo, los fondos informaron que llegaron a un entendimiento sobre ese monto, por lo que hubo un principio de solución en ese reclamo.
La causa por al cupón PBI tiene cuatro procesos judiciales. El reclamo de base es que el país dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que desencadenaba el pago de esos bonos.
Había una versión del cupón PBI en euros y por eso hay una causa que se tramitó en Londres. Allí, la Argentina
Antes de que se confirmara el fallo, el país había depositado más de US$300 millones como garantía para avanzar con la apelación, que ya están en manos de los beneficiarios del fallo. Por el momento, el país no abonó el resto de la sentencia y los demandantes buscan que la sentencia se reconozca en otras jurisdicciones, como Estados Unidos.
Hace pocas semanas, los beneficiarios del fallo presentaron un nuevo reclamo en Londres para extender el fallo a su favor al cálculo del PBI realizado para otros años que no estaban incluidos en la sentencia original. Buscan otros 1600 millones de euros.
Por las versiones en dólares del cupón PBI hay tres causas abiertas en la justicia de los Estados Unidos. El fondo Aurelius Capital presentó una demanda por US$450 millones en 2019, pero la jueza Loretta Preska desestimó la causa por un tecnicismo. Sin embargo, nunca se expidió sobre la cuestión de fondo.
De todos modos, Aurelius Capital continúa con sus reclamos. En enero de este año, por caso, los demandantes retomó la presentación que habían hecho en 2024 en la que reclamaba US$1600 millones. Eso se suma a una solicitud de 2024 por US$4000 millones, según datos recopilados por Maril.
Los fondos piden sumar otros años al juicio sobre el pago del cupón PBI porque aseguran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del crecimiento, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.
En 2008 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió Aerolíneas Argentinas. Por esa maniobra, el país tiene desde 2019 un laudo en contra en el CIADI que fue ratificado por la justicia estadounidense. El pago, teniendo en cuenta los intereses, asciende a unos los US$390 millones.
Si bien en un momento se anunció un acuerdo entre la Argentina y los acreedores, finalmente el país decidió proseguir con la apelación del fallo.
La Argentina tiene otros frentes abiertos en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Sin embargo, esos laudos no son ejecutables. Por lo tanto, sus beneficiarios deben recurrir a la justicia para que sean reconocidos y se puedan cobrar mediante embargos en caso de que el país no pague.
Por ejemplo, el CIADI condenó a la Argentina a pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá; y otros US$147 millones a la constructora Webuildpor el congelamiento de peajes en el puente Rosario-Victoria.
En uno de sus reportes, el FMI resaltó el caso de la empresa Mobil Exploration, que tiene un laudo a favor en el CIADI por US$196 millones. La petrolera también reclamó por los perjuicios que generó sobre sobre sus negocios gasíferos la pesificación de inicios del siglo XXI.
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Vanesa Tossi había declarado que el viaje de Punta del Este lo pagó Grandio y que le habían pedido no facturarlo.
