En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Cámara de Nueva York anuló la condena de USD 16.100 millones por una tecnicidad. Los jueces reconocen que el Estado violó "flagrantemente" sus compromisos.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la condena de 16.100 millones de dólares que pesaba sobre Argentina por la expropiación de YPF en 2012, en lo que constituye el mayor fallo favorable al país en un tribunal extranjero de su historia. La decisión fue tomada por dos votos contra uno.
El presidente Javier Milei celebró la novedad en cadena nacional como "el mayor logro jurídico de la historia". Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a defender sus decisiones de cuando ocupaban la presidencia y el Ministerio de Economía, respectivamente. Las acciones de Burford Capital, el fondo que financió el litigio, se derrumbaron casi un 50% en Wall Street. Pero hay un detalle que los discursos oficiales omitieron: el tribunal no absolvió a Argentina. Dijo, en cambio, que los demandantes eligieron el camino legal equivocado. Y dejó escrito, sin ambigüedad, que el Estado violó "flagrantemente" sus compromisos con los inversores.
Cuando Argentina privatizó YPF en 1993, incorporó al estatuto de la empresa una cláusula clave: si el Estado volvía a tomar el control de la compañía, estaba obligado a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios a precio justo. Esa garantía fue la base sobre la que inversores compraron acciones en la Bolsa de Nueva York, operación que generó al Estado más de US$ 1.100 millones.
En abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% de YPF. Al día siguiente, Axel Kicillof -viceministro de Economía y vicerinterventor de la empresa- explicó ante el Senado que no lanzarían la OPA porque las cláusulas de protección eran "una trampa para osos" y sería "estúpido" respetar el estatuto. El incumplimiento fue explícito y deliberado.
Los demandantes eran Petersen Energía -vehículo de la familia Eskenazi, cuyo ingreso al capital de YPF en 2008 fue políticamente habilitado durante el gobierno de Néstor Kirchner- y Eton Park Capital Management, un fondo de cobertura de Nueva York. Petersen entró en insolvencia tras la expropiación y vendió sus derechos a litigar por 15 millones de euros a Burford Capital, que se quedaría con el 70% de lo que obtuviera en juicio. En 2016 Burford adquirió también los derechos de Eton Park, con una participación del 75%. La demanda se presentó en 2015 y ocho años después la jueza Loretta Preska dictó sentencia: US$ 16.100 millones, equivalentes al 45% del presupuesto nacional de 2024. Con intereses acumulados, esa cifra trepó a los US$ 18.000 millones que mencionó Milei en su cadena.
El tribunal no discutió los hechos. Lo que resolvió es que la vía legal elegida por los demandantes no era admisible bajo el derecho argentino, que es el que rige el caso.
El argumento central es técnico pero decisivo. La jueza Preska trató el estatuto de YPF como un contrato bilateral clásico: dos partes, obligaciones recíprocas, incumplimiento, daños. La Cámara rechazó esa lectura. Bajo el derecho argentino -y también bajo el derecho estadounidense, señalaron los jueces- los estatutos corporativos son lo que la doctrina llama un "contrato plurilateral organizativo": no crean obligaciones bilaterales entre accionistas individuales sino reglas de funcionamiento interno de la sociedad. Sin contrato bilateral, no hay incumplimiento contractual que habilite una demanda por daños de esa naturaleza.
El segundo argumento es independiente y más contundente. Aunque se aceptara en hipótesis que el estatuto sí generaba obligaciones contractuales, la Ley General de Expropiaciones argentina bloquea cualquier acción de terceros que "impida la expropiación o sus efectos". Una condena de US$ 16.100 millones cae dentro de esa prohibición. El derecho público argentino, en materia de expropiaciones, no deja espacio para ese tipo de reclamo por la vía del derecho privado.
Pero el fallo incluye un párrafo que ningún comunicado oficial reprodujo. Los jueces de la mayoría escribieron que Argentina prometió protección a sus inversores, recaudó más de US$ 1.100 millones en la Bolsa de Nueva York sobre la base de esas promesas y luego las ignoró de manera deliberada. "No obstante el incumplimiento deliberado y flagrante de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros", dice el texto, la respuesta a si el reclamo era admisible bajo el derecho argentino "es no". La victoria existe. Pero el tribunal dejó constancia de que el Estado faltó a su palabra.
El voto en disidencia correspondió al juez José Cabranes, quien sostuvo que el estatuto sí constituía un contrato y que la expropiación no podía extinguir obligaciones contractuales preexistentes. Su posición es relevante porque es el tipo de argumento que Burford utilizará si decide continuar el litigio.
Milei habló por cadena nacional pasadas las 19 horas, con parte de su gabinete presente. Calificó el resultado como "el mayor logro jurídico de la historia" y apuntó contra los responsables políticos de la expropiación. "Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de quienes expropiaron las empresas en primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof", dijo. "Expropiar está mal porque robar está mal." Anunció además el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones.
La Procuración del Tesoro destacó el trabajo del estudio estadounidense Sullivan & Cromwell, liderado por el abogado Robert Giuffra Jr., junto a la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington Alec Oxenford. El comunicado también señaló el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se pronunció a favor de la posición argentina en las semanas previas al fallo.
Kicillof respondió en redes sociales: el fallo, dijo, "deja en evidencia años de mentiras" y demuestra que la expropiación fue una "decisión soberana" que los demandantes intentaron usar para enriquecerse. Lo que no mencionó es que sus propias palabras ante el Senado en 2012 -la OPA era "una trampa para osos"- figuran citadas textualmente en el fallo como evidencia del incumplimiento deliberado.
Las acciones de Burford Capital cayeron un 42,4% en la Bolsa de Londres y un 47,1% en Wall Street, hasta un nuevo mínimo histórico. La firma había comprado derechos a litigar por 15 millones de euros, luego vendió participaciones en la demanda recaudando más de US$ 300 millones de otros inversores, y construyó buena parte de su valuación sobre la expectativa de cobrar una porción mayoritaria de los US$ 16.100 millones. Su capitalización bursátil, que en septiembre de 2023 rondaba los US$ 3.500 millones, cerró este viernes cerca de los US$ 809 millones. Desde la firma indicaron que revisarán la decisión.
Las opciones que le quedan no son inexistentes pero se redujeron. Puede pedir una revisión ante el pleno de la Cámara -en un mecanismo de uso infrecuente que involucra a los aproximadamente 22 jueces activos del tribunal- o recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene amplia discrecionalidad para aceptar o rechazar casos. También puede explorar otras jurisdicciones. Ninguna alternativa garantiza resultado y todas implican años de litigio adicional. Lo que el fallo sí cerró, al menos por ahora, es la amenaza más inmediata: una condena ejecutable que, como escribieron los propios jueces, equivalía a casi la mitad del presupuesto anual del Estado argentino.
Uno de los datos que impulsa la campaña es el crecimiento sostenido de diagnósticos: hoy 1 de cada 31 niños es diagnosticado con autismo, una cifra que aumentó más de 400% en los últimos 20 años.
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