El Gobierno avanza en la elaboración de un paquete de reformas sobre propiedad privada con el objetivo de reducir la intervención estatal y fortalecer las garantías para los inversores. Las iniciativas serán enviadas a la Cámara de Diputados, aunque en el Ejecutivo admiten que aún no existe un borrador definitivo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que el conjunto de proyectos incluirá modificaciones en las leyes de expropiaciones, tierras rurales, manejo del fuego y regularización dominial, en línea con la política de desregulación impulsada desde el inicio de la gestión.

Uno de los ejes centrales será endurecer las condiciones para expropiar. En la Casa Rosada buscan restringir la definición de utilidad pública y reforzar el principio de indemnización previa, con el fin de limitar la discrecionalidad estatal. "La idea es que expropiar sea realmente excepcional", señalan fuentes oficiales.

Otro punto clave es la modificación o eventual eliminación de la ley de tierras rurales, que actualmente limita la compra de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo ya había intentado avanzar en este sentido a través del DNU 70/2023 y ahora busca retomar esa iniciativa por vía legislativa, con el foco en atraer inversiones en sectores estratégicos como el agro, la energía y la minería.

Además, el Ejecutivo evalúa introducir cambios en el régimen de manejo del fuego para flexibilizar las restricciones sobre el uso del suelo en zonas afectadas por incendios. La normativa vigente prohíbe durante décadas cualquier modificación en esos terrenos, incluso cuando los incendios no hayan sido intencionales.

El paquete también contempla una revisión del régimen de integración socio-urbana de barrios populares. Actualmente, la ley declara de interés público la urbanización de estos asentamientos y habilita al Estado a expropiar tierras para regularizar la tenencia, además de suspender desalojos.

En este sentido, el Gobierno busca restringir la capacidad expropiatoria estatal, priorizar acuerdos voluntarios con propietarios y revisar mecanismos como la transferencia de inmuebles a fideicomisos públicos. Asimismo, analiza ampliar la participación del sector privado en los procesos de urbanización y regularización dominial.