La diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán presentó este viernes un proyecto de resolución en el que solicita una sanción disciplinaria "por inconducta grave" contra su par de Unión por la Patria, Florencia Carignano, luego del escándalo que esta última protagonizó cuando, al inicio de la sesión por la reforma laboral, desenchufó los cables de los instrumentos del equipo de taquígrafos en medio de un arrebato de furia.

La legisladora libertaria señaló que el pedido de una sanción está en conformidad con el reglamento interno de la Cámara baja y el artículo 66 de la Constitución, y apunta contra la santafesina kirchnerista "por la presunta comisión de inconducta grave".

En los fundamentos del proyecto, Santillán afirmó que "resulta particularmente grave que la conducta desplegada por la diputada Carignano haya tenido por objeto o consecuencia impedir, obstaculizar o alterar el normal desarrollo de una sesión de este Cuerpo".

"La sesión constituye el ámbito institucional por excelencia para la formación de la voluntad legislativa, siendo el espacio donde se materializa el debate democrático y el ejercicio de las atribuciones constitucionales del Congreso de la Nación", indicó.

En ese sentido, la diputada oficialista evaluó que "cualquier intento de interferir materialmente en su desarrollo, ya sea mediante actos de violencia, intimidación o perturbación hacia el personal técnico cuya función resulta indispensable para su normal desenvolvimiento, trasciende el plano de la mera controversia política para ingresar en el ámbito de las inconductas que afectan directamente el funcionamiento del sistema republicano de gobierno".

"No puede soslayarse que el personal del cuerpo de taquígrafos cumple una función esencial para la registración fidedigna de lo actuado en el recinto, constituyendo su labor un soporte técnico indispensable para la validez institucional de las deliberaciones parlamentarias", enfatizó.

Por esa razón, Santillán sostuvo que "la afectación de dicho personal o de sus herramientas de trabajo implica, en consecuencia, una perturbación directa del funcionamiento del órgano legislativo".

"La alteración del orden de la sesión mediante actos que impidan o dificulten su desarrollo no solo vulnera las normas internas de funcionamiento, sino que compromete el adecuado ejercicio de las funciones constitucionales asignadas a esta Cámara", insistió.

"Por todo lo expuesto, corresponde que esta Honorable Cámara adopte las medidas conducentes a efectos de evaluar la conducta señalada en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 66 de la Constitución Nacional y, en su caso, aplicar las sanciones que pudieran corresponder conforme a la normativa vigente, por lo que les solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución", concluyó. 

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