En una jugada que sorprendió en el Senado, la tucumana Sandra Mendoza fue incorporada a la comisión de Acuerdos, uno de los espacios más sensibles de la Cámara alta, encargado de dictaminar sobre los pliegos de jueces, militares y diplomáticos. La decisión llamó la atención no solo por el peso estratégico de ese cuerpo, sino también por el posicionamiento político de la legisladora, que tras haber sido cercana a Juan Manzur hoy se muestra alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo.

La designación rompe con la postura que hasta ahora mantenían los senadores peronistas que integran el interbloque conducido por José Mayans, quienes venían rechazando integrar comisiones en desacuerdo con el reparto de lugares impulsado por el oficialismo. En Acuerdos, de los 17 asientos totales, 12 ya estaban ocupados por representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y fuerzas provinciales aliadas. El peronismo reclamaba entre seis y siete lugares por proporcionalidad, pero solo le habían reservado cinco.

El escenario cambió cuando la bancada Convicción Federal -que forma parte del interbloque peronista- decidió avanzar con los nombramientos del catamarqueño Guillermo Andrada en Relaciones Exteriores y Culto y de Mendoza en Acuerdos. Con ese movimiento, los lugares disponibles para el resto del PJ se redujeron aún más.

Las designaciones, además, quedaron envueltas en una tensión institucional: la vicepresidenta Victoria Villarruel se negó a firmar las notas de integración. Finalmente, la rúbrica fue estampada por el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, alineado con la Casa Rosada y con chances de ser ratificado en su cargo en la próxima sesión preparatoria.

En el oficialismo sostienen que el reparto responde a la correlación de fuerzas en el recinto y remarcan que, con el acompañamiento de bloques aliados, cuentan con mayoría suficiente para avanzar en las comisiones clave, dejando al peronismo en minoría. La disputa con Villarruel, sin embargo, podría escalar: en La Libertad Avanza evalúan dejar de delegar en la presidencia del Senado la facultad de conformar las comisiones y que sea el pleno quien tome esa atribución, apoyándose en lo que establece el reglamento de la Cámara.

Mientras tanto, el interbloque peronista debate qué postura adoptar. Algunos referentes sostienen que, si no se respeta la representación que consideran proporcional, carece de sentido participar en comisiones donde el oficialismo puede emitir dictámenes sin necesidad de sus votos. Otros senadores, en cambio, prefieren ocupar los espacios disponibles aun en minoría.

En paralelo a la pelea por los lugares, el Gobierno da señales de que buscará acelerar el envío de pliegos judiciales. Tras haber conseguido 42 votos para aprobar la reforma laboral, el oficialismo quedó a seis de los dos tercios necesarios para designaciones de mayor jerarquía. En ese contexto, volvieron a circular versiones sobre una eventual insistencia con el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, aunque desde La Libertad Avanza lo niegan. En 2024, el presidente Javier Milei había impulsado su candidatura junto a la de Manuel García-Mansilla; ambos pliegos fueron rechazados en 2025 tras una sesión forzada en el Senado.

Otro frente de disputa se abrirá con la inminente designación de representantes en la Auditoría General de la Nación. Allí el peronismo, que actualmente tiene dos auditores, perdería uno por la reducción de su bancada. Suena como posible continuidad el ex auditor Javier Fernández, mientras que por el oficialismo se menciona a Santiago Viola, hombre cercano a Karina Milei. El tercer lugar correspondería a la UCR, con el ex senador Luis Naidenoff como uno de los nombres en danza.

Con el oficialismo envalentonado y decidido a aprovechar su mayoría ampliada, el Senado atraviesa un momento de reconfiguración interna en el que la pelea por las comisiones anticipa disputas mayores en torno a la Justicia y al control de los organismos del Estado.