La crisis interna del Partido Justicialista dejó de ser un murmullo de pasillo y se volvió un conflicto abierto en varias provincias. Intervenciones, sanciones disciplinarias y el reproche de gobernadores del interior muestran un mapa fragmentado: por un lado, sectores que reclaman "renovación" y mayor autonomía territorial; por el otro, la conducción nacional que intenta ordenar la estructura partidaria con decisiones centralizadas.

Uno de los casos que expone el cortocircuito es Misiones. Allí, la intervención del PJ avanzó con medidas contra el diputado Alberto Arrúa -exconductor del partido en la provincia- y otros dirigentes, en un proceso que derivó en suspensiones y acusaciones de "accionar" funcional a políticas ajenas al ideario justicialista. El conflicto, además, empujó a Arrúa a anunciar una construcción política por fuera del molde tradicional del PJ local, en sintonía con el clima de disputa que se repite en otros distritos.

La tensión se extendió también a Jujuy, donde la intervención partidaria tomó decisiones que impactaron de lleno en la dinámica interna. Allí, la senadora Carolina Moisés quedó en el centro de una controversia tras medidas disciplinarias que, según el debate público provincial, abrieron un nuevo frente de pelea por la representación y el control del sello.

En paralelo, el malestar del "interior" empezó a verbalizarse con nombre y apellido. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue uno de los dirigentes que marcó distancia de la conducción nacional y cuestionó la forma en que se toman decisiones desde Buenos Aires, con críticas directas al esquema de intervenciones en distritos provinciales. El mensaje, más allá de la pelea puntual, apuntó a una discusión de fondo: quién conduce, cómo se conduce y con qué grado de participación real de las provincias en la estrategia nacional.

Este reacomodamiento se potencia por un dato que atraviesa todo: la discusión de liderazgo quedó acelerada por los golpes políticos recientes y por el escenario judicial de Cristina Kirchner, que reconfiguró el equilibrio interno y habilitó críticas que antes se expresaban en voz baja. En ese contexto, distintos sectores comienzan a mirar una alternativa: la figura de Axel Kicillof y el crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro como plataforma de construcción.

Esa hipótesis ya se traduce en movimientos concretos. En las últimas semanas se multiplicaron señales de "federalización" del armado: reuniones, llamados a "recorrer las provincias" y guiños a una ampliación territorial que, incluso cuando se evita presentarla como campaña formal, instala el horizonte de 2027 en la conversación peronista. El propio clima interno del PJ bonaerense -con negociaciones, tensiones y lecturas cruzadas sobre quién debe conducir el partido- se convirtió en termómetro de una disputa que desborda a Buenos Aires y se proyecta al tablero nacional.

En el corto plazo, la pregunta que recorre al peronismo es menos ideológica que organizativa: si el partido podrá ordenar su interna sin romperse en bloques, y si la discusión por la conducción derivará en internas competitivas o en acuerdos de cúpula. Mientras las intervenciones y sanciones buscan disciplinar, la reacción en provincias sugiere el riesgo inverso: que el disciplinamiento termine empujando fugas y nuevos sellos, debilitando la capacidad de armado territorial justo cuando el peronismo intenta reconstruirse como alternativa nacional.