La jefatura de Gabinete autorizó una readecuación de partidas para afrontar gastos salariales.
Con el calendario a punto de cerrarse, la Casa Rosada avanzó con una readecuación de los números del Estado para asegurar el funcionamiento de áreas clave. La actualización del Presupuesto 2025 se formalizó mediante la decisión administrativa 38/2025, rubricada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este martes en el Boletín Oficial.
La disposición impacta sobre distintos organismos de la Administración Pública Nacional y tiene como objetivo cubrir compromisos urgentes vinculados a salarios, gastos operativos, transferencias y políticas sociales. Todo esto se encuadra en el esquema del presupuesto prorrogado de 2023, que continúa vigente durante el actual ejercicio.
El texto oficial establece una serie de reordenamientos internos: se reducen partidas destinadas a inversiones y se refuerzan gastos corrientes, además de introducir ajustes en la asignación de recursos según la finalidad del gasto, sin superar el techo presupuestario aprobado.
Uno de los puntos centrales de la medida es el refuerzo de fondos para el área energética. En ese sentido, se incrementan los créditos de la Secretaría de Energía con el fin de sostener las transferencias a CAMMESA y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en un período de alta demanda como el verano.
También se destinaron mayores recursos a la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La ampliación presupuestaria permitirá afrontar compromisos salariales de docentes y personal no docente de las universidades nacionales, además de cubrir gastos operativos y programas vinculados a la extensión de la jornada escolar.
La decisión administrativa contempla, además, un aumento en las partidas asignadas a la ANSES. El refuerzo alcanza especialmente a las asignaciones familiares y a los fondos necesarios para el pago de jubilaciones y pensiones, incorporando el efecto de la Ley de Movilidad Previsional.
En paralelo, el Gobierno consideró el impacto del reciente ajuste del salario mínimo, vital y móvil, dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo. A partir de esa actualización, se incrementaron los recursos destinados a la prestación por desempleo.
Por último, la norma incorpora mayores ingresos derivados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ajusta la estructura financiera de la ANSES para reflejar esos movimientos. También se adecuaron partidas bajo responsabilidad del Tesoro Nacional para atender necesidades de financiamiento del PAMI, en línea con el esquema de ordenamiento fiscal que impulsa el Ejecutivo.