En una sesión especial de la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca limitar las facultades del presidente Javier Milei. El texto original, impulsado por el interbloque de Unión por la Patria y acompañado por otros bloques dialoguistas, sufrió modificaciones durante el debate, por lo que deberá regresar al Senado antes de convertirse en ley.

La iniciativa establece que el Congreso dispondrá de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de un DNU. Si en ese plazo no lo hace, el decreto quedará automáticamente sin efecto, invirtiendo la lógica actual, que permite su vigencia indefinida mientras no haya rechazo expreso.

Además, el proyecto exige que la aprobación de los DNU sea explícita por ambas Cámaras para que continúen vigentes. Esto implica que la oposición podría invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara, lo que constituye una restricción significativa al margen de acción del Ejecutivo.

En caso de sancionarse definitivamente, la norma obligará al Gobierno a negociar consensos amplios en un escenario de minoría parlamentaria, afectando su capacidad de avanzar por decreto con medidas estructurales.

El temario de la sesión también incluyó la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria.

Los bloques opositores más duros anticiparon que, si el funcionario no presenta una reformulación del gasto o reasignación de partidas, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

En paralelo, la oposición aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite en el debate del Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el fin de evitar que el Ejecutivo prorrogue nuevamente el Presupuesto 2023 por tercer año consecutivo.

También se debatió una modificación en el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, que busca incrementar la coparticipación a las provincias, medida interpretada como una herramienta de presión política para asegurar el quórum.

Por último, los bloques opositores avanzaron en su intento de interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados del exfuncionario Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos funcionarios fueron citados por la Comisión de Salud, pero no asistieron.