El Ejecutivo profundizó en las últimas horas el diálogo con gobernadores con el objetivo de blindar el veto presidencial a la ley que regulariza el envío de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La estrategia oficial apunta a negociar con los mandatarios mediante la distribución de fondos, obras públicas y cancelación de deudas, en un intento por asegurar respaldo en la Cámara de Diputados.

En la Casa Rosada ya admiten que la votación en el Senado -que tratará la norma este jueves- está perdida y descartan esfuerzos para sumar apoyos en los bloques dialoguistas. El foco está puesto en Diputados, donde la ley obtuvo en agosto 143 votos positivos frente a 90 negativos y 12 abstenciones. Esa cifra es la que el oficialismo necesita para blindar los vetos.

Diputados: rechazaron los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de fondos para el Garrahan

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Ambas iniciativas ahora deberán pasar por el Senado. En las inmediaciones del Congreso se lleva a cabo una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública.

El encargado de la tarea es el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, que prepara una serie de giras por el interior. En los últimos días se reunió con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Este viernes visitará San Juan para encontrarse con Marcelo Orrego y la semana próxima lo hará con Raúl Jalil en Catamarca. Además, mantuvo un encuentro virtual con gobernadores aliados en el que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

El Gobierno busca bajar tensiones y avanzar en un nuevo pacto de gobernabilidad tras las elecciones nacionales del 26 de octubre. La idea es delinear un acuerdo político que incluya reformas laboral, tributaria y previsional, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en diciembre. El oficialismo aspira a replicar la foto del Pacto de Mayo, firmado en Tucumán con 18 mandatarios, para dar señales de estabilidad política a los mercados y proyectar eventuales frentes conjuntos hacia 2027.

En paralelo, Balcarce 50 ya reconoció la derrota en las votaciones sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. Frente a esto, prepara una estrategia para dilatar la aplicación de los fondos, postergando su ejecución hasta el inicio del presupuesto 2026. La misma hoja de ruta se evalúa para la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente ratificada por el Congreso. Los equipos técnicos presidenciales trabajan en alternativas jurídicas, incluso mediante un decreto, para suspender la implementación de los recursos.