Pese a lo anunciado por el presidente Javier Milei, el Gobierno evalúa no judicializar el aumento a las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que el Senado rechazara el veto presidencial. En Balcarce 50 admiten que el Ejecutivo no promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad y que definirá el mecanismo más conveniente para dilatar su aplicación.

La estrategia jurídica está en manos de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; y la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla. Entre las alternativas que se discuten figura no iniciar acciones judiciales de inmediato, sino esperar una eventual demanda opositora. También se baraja recurrir a la Corte Suprema para pedir la nulidad de la sesión en la que se sancionó la norma, bajo el argumento de que la autoconvocatoria del Senado fue "ilegal".

Otra vía en estudio es acudir al fuero Contencioso Administrativo para alegar que la ley no prevé más del 15% de los fondos necesarios para su ejecución, apelando a la Ley de Administración Financiera y al impacto fiscal de la medida.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que no incrementará las prestaciones por discapacidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había mencionado esa posibilidad durante la votación en Diputados, pero desde la Casa Rosada aclararon que fue a pedido de legisladores aliados y que no se avanzará en ese sentido hasta que haya definición judicial.

El financiamiento del eventual aumento se vinculaba al recorte de pensiones por invalidez "mal otorgadas", proceso que comenzó este año pero que hasta ahora solo alcanzó a 280.000 de un total de un millón de beneficiarios.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en el veto a la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores opositores y aliados. El presidente espera diez días hábiles para formalizarlo, de modo que la medida quede oficializada en el Boletín Oficial la semana del 19 de septiembre.