En busca de la verdad
En busca de la verdad
Con el Senado dispuesto a rechazar el veto presidencial, el Ejecutivo activa su última estrategia: judicializar la ley que busca actualizar los valores del sistema de atención a personas con discapacidad. La Casa Rosada advierte sobre el impacto fiscal, mientras especialistas cuestionan la maniobra legal.
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Con el Senado dispuesto a rechazar el veto presidencial, el Ejecutivo activa su última estrategia: judicializar la ley que busca actualizar los valores del sistema de atención a personas con discapacidad. La Casa Rosada advierte sobre el impacto fiscal, mientras especialistas cuestionan la maniobra legal.
En un hecho inédito en más de dos décadas, el Senado se prepara para derribar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría. Ante la inminente derrota legislativa, el Gobierno de Javier Milei ya instruyó a sus equipos legales para avanzar con la judicialización de la norma, en un intento por frenar su aplicación.
El jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, solicitó que la secretaria General de la Presidencia y "Lule" Menem den explicaciones por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia de Discapacidad.
La ley, impulsada por la oposición, busca actualizar los valores que perciben los prestadores del sistema de salud que trabajan con personas con discapacidad, un sector que ha sufrido una pérdida acumulada de más del 140% frente a la inflación entre 2023 y 2024. El último aumento otorgado por el Estado fue de apenas 0,5% en diciembre, mientras el IPC de ese mes marcó 2,7%.
Desde la Casa Rosada reconocen que el veto caerá, pero insisten en que la ley representa una amenaza para el equilibrio fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado de la medida oscila entre el 0,22% y el 0,24% del gasto público, sin contar efectos colaterales. Para Milei, se trata de una "embestida populista" que busca desfinanciar su programa económico.
La Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica trabajan contrarreloj para fundamentar la presentación judicial. El argumento central será la presunta violación de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda norma que implique nuevos gastos especifique su fuente de financiamiento. El oficialismo sostiene que el proyecto opositor no lo hace.
Conmocionado, el hombre contó el momento de terror y angustia que vivió junto a decenas de personas cuando uno de los históricos ascensores descarriló y chocó contra un edificio.
Sin embargo, constitucionalistas como Félix Lonigro y Diego Armesto advierten que la judicialización no tendría sustento. "Si el Congreso insiste con los dos tercios, la ley se promulga automáticamente. No hay margen legal para que el Ejecutivo recurra a la Justicia por una norma que no le gusta", señalaron.
La tensión institucional se agrava en un contexto electoral y tras el escándalo por los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco, Milei redobló su apuesta: "Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio. Después de que los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden", lanzó en un acto reciente.
La pulseada entre poderes promete escalar. Mientras el Congreso avanza con la sanción definitiva, el Gobierno se prepara para una batalla judicial que podría redefinir los límites entre la política social y el ajuste económico.
Fuente: Clarín
