El Presidente tiene resuelto "visibilizar" a los magistrados que, según cree, frenan decisiones oficiales y favorecen al sindicalismo. "Nos declararon la guerra", dicen. Qué medidas tiene en estudio el Gobierno
"Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos". El mensaje salió publicado este domingo en la cuenta de @CoherenciaFavor en las redes sociales y lo retuiteó Javier Milei. ¿Qué significa el gesto del Presidente? En la Casa Rosada revelaron que el primer mandatario está muy preocupado por el récord de demandas judiciales que se alcanzará en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo y, a la vez, por la ola de fallos de la justicia laboral que benefician al sindicalismo y perjudican al Gobierno.
Por eso se espera que, tras su guiño en las redes sociales, Milei ponga en la mira a los jueces laborales porque cree que "han colaborado fuertemente en destruir a las pymes argentinas y en desalentar inversiones" y que "el daño que han hecho es irreparable", según fuentes oficiales.
Para el Gobierno, la sucesión de fallos judiciales en contra del DNU 70, que incluía un capítulo laboral; del DNU 340, que reglamenta el derecho de huelga en 17 actividades, y del DNU 430, que eliminó el Día del Trabajador del Estado, es una muestra de que "la Justicia Laboral responde a los sindicatos", por lo que se prevé una fuerte ofensiva presidencial para poner en foco a los magistrados de ese fuero.
Javier Milei retuiteó un sugestivo mensaje sobre la industria del juicio
"Los jueces laborales son impunes en la Argentina. Atrasan 100 años. Ninguno puedo explicar cómo vive. Por eso hay que abrirles jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos para cubrir las vacantes", dijo a Infobae una fuente libertaria.
La última destinataria de la furia gubernamental es Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, que es la magistrada que hace un mes declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340 que reglamentó el derecho de huelga ante una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la semana pasada dictó un fallo similar tras una denuncia impulsada por la CGT. También dictó una sentencia contra el Gobierno por la eliminación del Día del Trabajador del Estado.
En la línea que explicitaría Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a Fullana como "jueza militante" y señaló en X: "La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios".
La jueza laboral Moira Fullana, en la mira del Gobierno
Ahora, el Gobierno decidió hacer un análisis de los fallos que viene dictando la Justicia del trabajo para tener estadísticas que demostrarían la "parcialidad" de los jueces. "Son una casta total y estamos hartos de ellos; nos declararon la guerra", afirmó el mismo funcionario, con fuerte predicamento en el Gabinete.
¿Cuál es el plan del Gobierno para contrarrestar la andanada de fallos adversos? En principio, en la administración Milei hablan de "una expectativa novedosa" puesta en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ): un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.
A mediados de marzo, el TSJ ya había recibido un total de 180 causas enviadas por la Corte Suprema , desde que éste tribunal determinó, en diciembre pasado, que el TSJ debe actuar como instancia superior en apelaciones de la justicia nacional. De ese total de causas, 140 correspondieron al fuero laboral, 16 al civil, 7 al penal y 3 al comercial.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema
La mayoría de los jueces nacionales reaccionaron en contra de la decisión de la Corte, con el argumento de que excede las facultades constitucionales del máximo tribunal, pero ahora el Gobierno estaría decidido a quebrar esa resistencia apurando el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a CABA para cumplir lo establecido en la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
De todas formas, en la Casa Rosada admitieron que, si no hay traspaso de juzgados, "no hay nada normativo que se pueda hacer" para limitar a los jueces laborales, aunque se prevé que La Libertad Avanza podría tener más legisladores en el Congreso desde diciembre para ir hacia una modificación del procedimiento de la justicia laboral, que permitiría agilizar el funcionamiento del fuero.