El Gobierno de Javier Milei eliminó 50.591 puestos de trabajo en el sector público durante sus primeros 18 meses de gestión, lo que representa una reducción del 10,1% del personal estatal. Según un informe de la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, esta reestructuración generó un ahorro anual total de US$ 1.994 millones.

Los datos, que abarcan el período entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, muestran que los recortes se concentraron principalmente en dos sectores clave del aparato estatal. La Administración Pública Nacional (APN) redujo su personal en un 14,4%, pasando de 205.550 empleados en diciembre de 2023 a 177.444 en abril de 2025. Por su parte, las empresas estatales experimentaron una disminución aún más pronunciada del 17,1%, con una reducción de 91.166 a 76.230 empleados en el mismo período.

El documento oficial detalla que el cálculo del ahorro considera no solo los sueldos directos, estimados en US$ 997 millones anuales, sino también los costos adicionales de infraestructura laboral. La metodología aplicada duplica el valor del salario para incluir gastos en espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios, una práctica que el informe describe como "ampliamente consensuada" en el análisis de costos laborales.

Esta estrategia de reducción del gasto público se enmarca en el objetivo gubernamental de afianzar el superávit fiscal y cumplir con las metas establecidas en el programa económico. El Gobierno se fijó una meta de superávit primario del 1,6% del PBI, equivalente a unos 7,7 billones de pesos, superando el 1,3% originalmente estipulado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Contratos temporarios, los más afectados

El análisis por tipo de vinculación laboral revela diferencias significativas en la magnitud de los recortes aplicados durante este período. Dentro de la APN, el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) experimentó una reducción del 21%, mientras que los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17) sufrieron la mayor caída, con un descenso del 53,4%.

En contraste, el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8,7%, lo que evidencia que los ajustes se focalizaron estratégicamente en las modalidades contractuales más flexibles y de menor estabilidad laboral.

Esta segmentación también se refleja proporcionalmente en el ahorro generado por cada categoría de empleo. La reducción de personal bajo la Ley Marco produjo un ahorro anual de US$ 243,5 millones en sueldos directos, que alcanza los US$ 487 millones al considerar los costos totales de infraestructura. El personal permanente y transitorio generó un ahorro de US$ 274 millones en sueldos y US$ 548 millones en total, mientras que los contratos LOYS representaron US$ 65 millones en sueldos directos y US$ 130 millones considerando todos los gastos asociados.

Para determinar estos valores con precisión, el informe utilizó el salario promedio ponderado de mayo de 2025 según el tipo de contratación, basándose en datos del Informe Trimestral de Ocupación y Salarios de la APN. La metodología incluyó el cálculo de la participación de empleados en cada rango salarial para cada categoría, lo que permitió obtener un promedio más representativo de la realidad salarial del sector público.

En el caso de las empresas del Estado y el personal militar y de seguridad, donde no se dispone de datos específicos de salarios, se aplicó como referencia el salario promedio de la APN, una aproximación que el documento reconoce como necesaria para completar el cálculo del ahorro total.

Estimación conservadora

El documento gubernamental reconoce que la estimación del ahorro podría ser conservadora, ya que el consenso sobre la duplicación del costo laboral proviene principalmente de estudios del sector privado, donde los salarios suelen ser significativamente más altos que en la administración pública. "Dado que en la administración pública los sueldos son menores, es posible que la proporción entre costos adicionales y salario sea aún mayor, lo que implicaría un ahorro real superior al estimado", señala el análisis oficial.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ratificó estas cifras en declaraciones públicas y adelantó que durante mayo se eliminaron otros 2.800 puestos de trabajo públicos. "Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de US$ 2.000 millones", declaró el funcionario.

Sturzenegger también defendió la efectividad de la medida al asegurar que "hasta ahora hemos recortado 50.000 empleados públicos, y eso no ha resultado en una merma en los servicios, muchos eran ñoquis o gente que hacía cosas que la sociedad no valoraba". Como ejemplo de lo que consideró gasto innecesario e ineficiente, mencionó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía 3.000 vehículos para 6.000 empleados y un presupuesto de 400.000 millones de pesos, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) contaba con 700 camionetas.

Esta reestructuración del empleo público forma parte integral de una estrategia más amplia de reducción del gasto estatal que incluye también la eliminación de organismos considerados no esenciales y la racionalización de recursos en distintas áreas del Estado. El informe aclara que los cálculos presentados corresponden al ahorro anual generado por la reducción de personal, no a una proyección a perpetuidad, diferencia metodológica que considera fundamental para una interpretación correcta de los resultados.

Paralelamente a estos recortes, el Ejecutivo anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que tradicionalmente se celebra cada 27 de junio, medida que complementa la estrategia de austeridad en el sector público implementada por la gestión libertaria.

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