Mientras en el Gobierno atribuyen la difusión del Plan de Inteligencia Nacional a la comisión Bicameral que preside el senador Martín Lousteau, en la UCR recuerdan que aún no fue esclarecido el atentado contra el Comité Nacionalde calle Alsina que ocurrió casi en paralelo a la primera filtración del demorado plan estratégico de la ex AFI y a los planteos sobre el documento que fueron esgrimidos por los parlamentarios para proteger las "garantías de los derechos de los ciudadanos".

Es que, según fuentes legislativas consultadas, el mentado programa habría planteado un mayor control interno sobre el discurso público para, de alguna manera, evitar sea vulnerado el "relato oficial". Eso llevó a que en una reunión celebrada en octubre de 2024 en la central de inteligencia de calle 25 de mayo, se plantearan objeciones al mismo.

Sin embargo, la actual polémica estalló este domingo cuando La Nación dio a conocer este plan que, según lo publicado, abriría la puerta a tareas de espionaje interno a quienes busquen "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios y quienes generen una "pérdida de confianza" en las políticas económicas del Gobierno.

Esa misma tarde hubo un comunicado de la Oficina del Presidente que rechazaba las acusaciones y aseguraba que el programa de la SIDE no estaba destinado a perseguir opositores, periodistas o "adversarios políticos".

Pero la primera filtración de esta suerte de lineamientos y presupuesto del plan de inteligencia argentino ocurrió el 8 de noviembre con una nota de La Política on Line, que advertía sobre la supuesta autorización de Javier Milei para que el organismo presidido por Sergio Neiffert pudiera realizar "inteligencia interna" para prevenir acciones que alteraran la relación "especial" que esta administración mantiene con Estados Unidos e Israel.

También el "paper" ordenaba un supuesto relevamiento de información sobre "sectores estratégicos" que "procuren erosionar la confianza en el sistema financiero" o "generar pérdida de confianza en las políticas económicas de la Nación". Algo similar publicó el periodista Hugo Alconada Mon el último domingo pero poniendo acento en que serían blanco de estas maniobras periodistas, economistas o dirigentes opositores que busquen "erosionar a la opinión pública".

Como sea, en el Gobierno se apuraron a desmentir que el PIN esté destinado a este tipo de maniobras y enfatizaron que su contenido "es secreto" y quien lo difunda cometería "un delito federal".

La cuestión es que el mentado programa fue elaborado con "atraso" por las idas y vueltas del Ejecutivo con la entonces AFI y su ulterior transformación en una SIDE dividida en cuatro agencias. El documento recién fue presentado a fines de octubre de 2024 a los integrantes de la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de Inteligencia, que sólo pueda velar por el "cumplimiento" de esta hoja de ruta y también realizar planteos cuando estén en riesgo las garantías individuales.

Pero pocos días después de aquella reunión, de los primeros planteos de los legisladores y de la difusión del programa, la sede nacional de UCR fue escenario de un incidente cuando un grupo de cinco desconocidos forzaron las puertas e ingresaron en el local de calle Alsina para generar destrozos en la oficina de Lousteau, presidente del centenario partido.

Fuentes del radicalismo consultadas recordaron que se trató del "segundo atentado" de aquel año contra el local partidario pero que el último episodio guardaría relación por el tenso debate en torno al PIN y la acusación del Ejecutivo a la Bicameral de haber filtrado el "documento secreto". Y que, pese a la rápida denuncia penal, la causa judicial que investiga el incidente no ha prosperado.

Ningún integrante del grupo parlamentario salió a sentar posición sobre el contenido del programa por su carácter secreto pero desde Balcarce 50 no dudan en atribuir a ese cuerpo legislativo la filtración del mismo. Fuentes parlamentarias consultadas, en tanto, confirmaron que en ese momento "se plantearon objeciones" para cuidar las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Quizás producto de la nueva polémica sobre el plan de inteligencia oficial, la Bicameral, que tiene al diputado Leopoldo Moreau como vicepresidente y al senador Oscar Parrilli como secretario, ambos referentes kirchneristas, volvería a reunirse la semana próxima en el Anexo del Senado.

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