Para intentar frenar la polémica sobre la difusión del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el Gobierno reconoció la existencia del programa que da lineamientos a la SIDE, pero rechazó que el mismo esté dirigido a perseguir opositores, periodistas o "adversarios políticos".

Luego que trascendiera el nuevo plan de la Secretaría de Inteligencia del Estado sobre los lineamientos estratégicos que llevará a cabo durante los próximos meses, que incluiría supuestas tareas de espionaje interno sobre quienes busquen "erosionar" la confianza de la opinión pública, desde máximos niveles de gobierno amenazaron, además, a los medios que lo difundan con el argumento que se trataría de "un delito federal" por vulnerar las normativas que rigen la inteligencia en Argentina.

Este domingo La Nación dio a conocer este plan que, según lo publicado, abriría la puerta a tareas de espionaje interno a quienes busquen "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios y quienes generen una "pérdida de confianza" en las políticas económicas del Gobierno. Es decir, este programa podría ir contra periodistas, economistas, académicos y cualquier otro que cuestione las medidas del presidente Javier Milei y sus ministros, quienes en las últimas semanas han insistido con la necesidad de "odiar más" a los trabajadores de prensa que no están alineados al Gobierno.

Sin embargo, un comunicado de la Oficina del Presidente publicado en la tarde de este domingo sostiene que "este el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas y adversarios políticos".

Y agrega: "El Presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema Nacional de Inteligencia, destruido en anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos".

En este marco, el comunicado oficial asegura que "el Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina. Al mismo solo tienen acceso el Presidente, la SIDE y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación".

Justamente una fuente ligada al sistema de inteligencia consultada atribuyó la filtración a la Comisión Bicameral que presidente el senador radical Martín Lousteau y que tiene como vicepresidente al diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. Pero tanto del entorno del titular de la UCR como del diputado no brindaron ninguna información al respecto. Calificó al documento como una "suerte de presupuesto y una hoja de ruta" sobre la tarea a realizar por la ex AFI.

Y, además, un alto funcionario consultado cuestionó la difusión del PIN dado que se trata de "un secreto de Estado y su divulgación es un delito federal, tanto de quien lo filtra como de quien obtiene esa información y la divulga".

Otro integrante de LLA consultado sostuvo que "no se trataría de perseguir disidencia, sino de identificar operaciones extranjeras que buscarían minar la confianza pública en las instituciones, generar caos o condicionar decisiones democráticas. Si alguien juega para intereses extranjeros o antinacionales, tiene que saber que está entrando en un terreno de la inteligencia y no de opinión".

Lo cierto es que este domingo por la tarde el Ejecutivo decidió sentar posición sobre la polémica y desmentir el supuesto contenido del programa de inteligencia. Antes había trascendido que el PIN, un documento secreto de 170 páginas, fue desarrollado por la cúpula de SIDE, bajo el liderazgo de Sergio Neiffert, -y la tutela de Santiago Caputo- según consignó la nota de Hugo Alconada Mon en La Nación. Bajo estos nuevos lineamientos, la SIDE puede recabar información de quienes busquen "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios.

También marcó como foco de interés a todos aquellos "actores" que puedan generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno. Y apuntó contra quienes puedan "manipular" a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la "desinformación".

Asimismo, el documento habilitaría a investigar a quienes promuevan la "distorsión" de la "percepción" y afecten los procesos "cognitivos" de la opinión pública, en especial si es a través de la inteligencia artificial. El plan también continúa con lineamientos de inteligencia que ya existían previamente, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado. O defender los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico.

A principios de mayo, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió agregar $ 25.000 millones a la partida de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), área clave que controla Santiago Caputo a través de un dirigente propio.

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