La reciente propuesta de un aliado del gobierno para ampliar la Corte Suprema de 5 a 7 miembros ha generado suspicacias en la Justicia, especialmente tras el fracaso del proyecto de Ficha Limpia que habría impedido la candidatura de Cristina Kirchner. Se interpreta que ambos movimientos podrían estar vinculados como parte de una negociación más amplia entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Fuentes cercanas al kirchnerismo han calificado de "atinada" la iniciativa del senador salteño Juan Carlos Romero, aliado de Milei, que busca ampliar la Corte e incluir una perspectiva de género, exigiendo que al menos dos de los siete miembros sean mujeres. Esto sería bien recibido por Cristina Kirchner.

Actualmente, la Corte opera con solo tres de los cinco jueces que debería tener: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Este último sufrió un revés al no lograr que el Senado aprobara sus candidatos propuestos, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

La ampliación a siete miembros abriría cuatro vacantes, lo que podría permitir al gobierno negociar con el kirchnerismo. Aunque inicialmente el kirchnerismo se mostró dispuesto a aprobar solo dos candidatos, con la condición de que uno fuera de su elección, la postura gubernamental de "2 o nada" resultó en un punto muerto.

El kirchnerismo y otras fuerzas opositoras exigen una negociación más amplia que aborde las 220 vacantes existentes en el Poder Judicial, incluyendo jueces, fiscales federales, defensores y el Procurador de la Nación. El gobierno busca revitalizar este acuerdo debido a la necesidad de votos kirchneristas en el Senado, donde representan 34 de 72 bancas. Para aprobar un juez de la Corte se necesitan dos tercios de los votos, lo que hace imprescindible el apoyo de Cristina Kirchner.

Mientras tanto, fiscales federales están en alerta ante la inacción del gobierno en cubrir más de 150 cargos judiciales, cuyas ternas ya fueron aprobadas por el Consejo de la Magistratura. A pesar de las promesas del ministro Mariano Cúneo Libarona y su colaborador Sebastián Amerio de enviar los pliegos al Senado, esto no ha sucedido por falta de garantías de aprobación. Amerio, cuyo nombre suena como posible Procurador, ha perdido credibilidad en el ámbito judicial.

Los fiscales también están en conflicto con el gobierno por la falta de recursos y personal necesarios para implementar el sistema acusatorio, que les exige mayor carga de trabajo en las investigaciones. Advirtieron que esta situación pone en riesgo las causas por corrupción y narcotráfico, lo que llevó al Procurador Eduardo Casal a elevar la queja directamente al Ejecutivo y al Ministerio de Economía, saltándose a Cúneo Libarona. Esta situación podría generar un conflicto entre Milei y los fiscales encargados de investigar casos de corrupción.

Además, un funcionario de Justicia, Alberto Nanzer, ha tenido que declarar tres veces como testigo en una causa contra Cúneo Libarona, originada por la denuncia de un fiscal que sospecha incumplimiento de los deberes de funcionario público al implementar el sistema acusatorio sin recursos. Se investigan posibles irregularidades en el uso de fondos de un programa de Naciones Unidas destinado a temas sociales. El fiscal Stornelli está a cargo de la investigación, lo que genera inquietud en la Casa Rosada.

Trump pretende reducir hasta en un 80% el precio de los medicamentos mediante un decreto

Mundo

El líder republicano declaró que instaurará "una política de la nación más favorecida" de manera que EEUU "será tratado por fin con justicia"