El gobernador intentó así desactivar un reclamo de intendentes impulsado por Máximo Kirchner en Diputados que pedía condonar las deudas por asistencia contra el Covid.
En un movimiento que levanta cejas, Axel Kicillof, en medio de crecientes tensiones internas dentro del peronismo, busca desesperadamente endeudar a la provincia por más de 1.000 millones de dólares. El gobernador envió sigilosamente un proyecto al Senado, aparentemente intentando eludir el debate presupuestario que lo dejó sin margen de maniobra en la Legislatura, donde las fracturas con la oposición y el ala dura kirchnerista son cada vez más evidentes.
La jugada de Kicillof, que incluye un controvertido "alivio" financiero a los municipios al suspender el cobro de deudas pandémicas (un gesto que huele a intento de compra de voluntades políticas), provocó un terremoto en la Legislatura. La Cámara de Diputados, en un gesto de evidente rechazo, congeló un proyecto impulsado por el camporismo que buscaba condonar esas mismas deudas, dejando al descubierto una lucha de poder soterrada.
La postergación del cobro de los casi 8 mil millones de pesos adeudados por los municipios, junto con la devolución de las cuotas ya pagadas, plantea serias dudas sobre la salud financiera de la provincia y la transparencia en la gestión de los recursos. ¿Acaso Kicillof busca congraciarse con los intendentes a costa de las arcas públicas?
La solicitud de Kicillof de "herramientas necesarias para la gestión económica", como él mismo las describe, se presenta como una medida urgente ante la crisis. Sin embargo, la insistencia en endeudar a la provincia por la misma suma rechazada en el Presupuesto 2025, junto con la creación de un fondo discrecional para municipios equivalente al 8% de la nueva deuda, genera suspicacias sobre el verdadero destino de estos fondos y la posibilidad de que sean utilizados con fines políticos.
Finalmente, la prorroga de las emergencias vencidas, presentadas como imprescindibles, abre la puerta a la continuidad de facultades extraordinarias que podrían limitar el control legislativo y aumentar la discrecionalidad del Ejecutivo. La justificación oficial sobre la necesidad de "instrumentos necesarios para la gestión provincial y municipal en un contexto económico y social crítico" no logra disipar las dudas sobre la verdadera intención detrás de esta batería de medidas urgentes y controvertidas.