Mientras la oposición intenta marcarle la cancha y la agenda al oficialismo en el Congreso, el Gobierno intentará este martes dar un paso clave en el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, una de las banderas de la gestión libertaria en su estrategia de lucha contra la inseguridad.

Los diputados tendrán desde las 16 una reunión conjunta de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y de Presupuesto y Hacienda.

Para conseguir las firmas, y posteriormente los votos en el recinto, el Gobierno debió hacer concesiones. Entre ellas aceptó que la edad de imputabilidad - que actualmente está fijada en los 16 años- baje hasta los 14 años y no a los 13, como planteaba el texto original enviado por los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sobre la mesa de discusión se pusieron en total 14 proyectos. Todos, excepto los presentados por las diputadas Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello, de Unión por la Patria, aceptaban bajar la edad actual. En esa bancada, el grueso se apone, aunque hay un sector ligado al massismo que tiene otra postura.

Diputados del oficialismo y bloques aliados buscan dictaminar el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

La Iglesia también se pronunció en contra de la iniciativa, pero las autoridades del plenario se reunieron con representantes eclesiásticos para conocer su parecer sobre el debate que comenzó en 2024.

Cómo es el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, que será modificada a 14. La iniciativa busca favorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.

Además de la pena de prisión, el proyecto prevé sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de contacto o acercamiento, de salir del país o del lugar de residencia, de conducción vehicular, monitoreo electrónico, prestación de servicios a la comunidad. Ello siempre que las penas no superen los seis años, sin el resultado de la muerte de la víctima y sin registros de procesamientos firmes anteriores, previo dictamen de una junta interdisciplinaria.

En cuanto a la pena de prisión, se esperan distintas modalidades atenuadas como fin de semana, domiciliaria, instituto abierto. También distintos programas tendientes a la resocialización del menor, como los programas educativos, de formación ciudadana, o deportivos. Asimismo, se estipula tener la posibilidad de ordenar tratamientos médicos, en casos de afecciones físicas o psicológicas.

El proyecto, además, crea la figura del "supervisor", quien acompaña al menor desde el comienzo de su tratamiento, debiendo elaborar un plan de educación y resocialización personalizado.

Otro punto es la prohibición de la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.

Los otros proyectos presentados

Hay un total de 12 proyectos que tienen por objetivo bajar la edad de imputabilidad. Por caso, la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) impulsa una iniciativa que propone un Régimen Penal para menores con penas progresivas y alternativas a la prisión. "No alcanza con bajar la edad. Hay que garantizar una justicia especial para menores y trabajar en su reinserción", sostuvo.

Otros sectores plantean límites de 14, 15 o 16 años. Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) y Diego Santilli (PRO) respaldan la idea de implementar un sistema de responsabilidad penal juvenil desde los 14 y 15 años, respectivamente.

En Unión por la Patria, Natalia Zaracho defendió mantener la edad en 16 años y enfocarse en la prevención y la no reincidencia. En tanto, los libertarios Carolina Píparo y Álvaro Martínez pidieron penas más duras para menores reincidentes. Este último, incluso, propuso fijar la edad en 12 años, como en Brasil y México.

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