La Ruta Nacional 3, en Santa Cruz, emblema de las irregularidades investigadas en el caso Vialidad, vuelve a ser noticia por un enfrentamiento entre el empresario Cristóbal López y el gobierno de Javier Milei. Mientras Vialidad Nacional acusa a López de abandonar la obra, su empresa, CPC (Grupo Indalo), sostiene que los trabajos están paralizados por una deuda de $300 millones, sin pagos ni actualización desde hace dos años.

Esta ruta, clave para conectar la Patagonia atlántica, tiene un historial de licitaciones fallidas. Hace 15 años, fue adjudicada a Lázaro Báez, quien no la terminó. En 2016, Cristóbal López, cercano a los Kirchner, asumió el contrato, pero también fue señalado por abandono. Durante el gobierno de Alberto Fernández, CPC recibió nuevamente la obra por $6.700 millones, parte de un proyecto de casi $10.000 millones para dos tramos entre Rada Tilly y el kilómetro 1908,60.

Un historial de sobreprecios

La Ruta 3 es un símbolo de la corrupción kirchnerista. Cuando estuvo en manos de Báez, el tramo hoy adjudicado a López costó $313 millones, pero se pagaron $1.309 millones con solo un 30% de avance, según auditorías del caso Vialidad. Una pericia de 2019 reveló sobreprecios de hasta $50 millones de dólares en este tramo, con diferencias de entre $165 y $189 millones respecto al valor real.

El gobierno de Milei, que califica la obra como "abandonada", decidió no asignar más fondos y evalúa rescindir el contrato. Desde CPC, en cambio, responsabilizan al Ejecutivo por "neutralizar" unilateralmente el proyecto, que no fue priorizado en los presupuestos de Vialidad Nacional de 2024 ni 2025. La empresa asegura estar "movilizada", cubriendo costos de equipos y seguridad, y dispuesta a retomar los trabajos.

Impacto y futuro incierto

La autopista Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia, de 71 km, busca resolver problemas de seguridad vial y congestión para más de 7.000 usuarios diarios. Sin embargo, tras nueve años bajo Báez y sucesivos incumplimientos de López, la obra permanece inconclusa. El contrato forma parte de las 51 licitaciones investigadas en el juicio contra Cristina Kirchner, condenada por favorecer a Báez con sobreprecios y licitaciones irregulares. Una pericia judicial estimó sobrecostos de $92 millones de dólares en este proyecto.

El caso también está vinculado a una demanda civil iniciada en 2019 por Vialidad Nacional contra Kirchner y otros condenados, por $22.300 millones, por obras pagadas pero no ejecutadas. La actual gestión de Vialidad pidió avanzar en este reclamo, mientras la condena por corrupción aguarda revisión en la Corte Suprema.

Por ahora, la Ruta 3 solo recibe mantenimiento mínimo con fondos propios, sin planes inmediatos para su relicitación. El futuro de esta obra, símbolo de un sistema de corrupción estructural, sigue en suspenso.