El gobernador de Buenos Aires utilizó su cuenta oficial de X para desacreditar el vínculo entre dirigentes del PJ y grupos violentos que protagonizaron los disturbios en el Congreso.

Axel Kicillof reaccionó con dureza ante un informe periodístico que señalaba que un funcionario de su gestión y un intendente del sur del conurbano bonaerense habrían negociado con un líder de una barra brava para financiar el traslado de violentos al Congreso. Este acuerdo incluía el pago de $50.000 para movilizar a hinchas de un club con el objetivo de generar choques con las fuerzas de seguridad.

Los registros audiovisuales y los testimonios confirman que diversas facciones de barras bravas estuvieron presentes en la movilización del miércoles, muchas de ellas con vínculos directos con el peronismo. La barra de Gimnasia y Esgrima La Plata, por ejemplo, viajó en el tren Roca junto a integrantes del sindicato de la construcción (UOCRA), y hay imágenes que documentan su presencia en los disturbios.

El involucramiento de barras no se limitó a Buenos Aires. Referentes de la hinchada de San Martín de Tucumán que residen en el AMBA también participaron de la protesta, con apoyo de la dirigencia del club, estrechamente ligada al PJ. En el mismo sentido, Daniel Aechanco, vicepresidente del peronismo platense y cercano a La Cámpora, habría dialogado con los barras de Gimnasia que se movilizaron hacia el Congreso.

En el tren que transportó a los hinchas del "Lobo" a la Ciudad de Buenos Aires también viajaba Cristian Camilieri, alias "El Volador", líder de la barra, quien habría coordinado la presencia de un sector disidente de la UOCRA. Otros jefes de hinchadas, como Alberto "Turi" Ginés, de Chacarita, y Trovato, de River Plate, también fueron identificados en la protesta.

A pesar de la contundencia de las pruebas, Kicillof rechaza cualquier vínculo de su administración con la organización de la movilización y califica el informe como parte de una operación mediática en su contra.

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La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, a pedido de Patricia Bullrich. La acusan de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.