En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Casa Rosada evalúa convocar al Congreso desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero; cuál es la apuesta a todo o nada por los pliegos para la Corte, que necesita el favor del kirchnerismo
El Gobierno prepara un verano legislativo de alta intensidad política, con una agenda que incluye la reforma electoral (con la suspensión de las PASO), la ley de "ficha limpia", el juicio en ausencia, un proyecto sobre reiterancia penal, una iniciativa técnica-impositiva y, como eje central, los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.
Aunque no cuenta con los votos necesarios para varios de estos temas, el Ejecutivo ha decidido convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. La jugada más arriesgada será la que involucra a los pliegos para la Corte, en un escenario que exige negociaciones delicadas, especialmente con el kirchnerismo.
Como ya lo anticipamos en la editorial del Domingo, 1 de Diciembre JUGAR MAL Y DECIR LO CONTRARIO. Reproducimos el diálogo de nuestro hombre en Buenos Aires con una alta fuente del gobierno:
WCH: ¿Meten de prepo a Lijo y Mansilla...?
J: Te lo dije, hace 6 meses!!!!! Hay enojo con Rosatti, y así nos ponemos 3 a 2, y capaz Lorenzetti recupera el orden en la corte...
WCH: El tema son los jugadores, a mi no me gusta, pero claro "gobiernan Uds."
J: Y si...La estrategia: dos o ninguno
En Balcarce 50 apuestan a que el Senado trate primero el pliego de Ariel Lijo. A pesar de las críticas provenientes de aliados, ONGs y la vicepresidenta Victoria Villarruel, confían en que el juez federal de Comodoro Py logrará reunir los dos tercios de los presentes necesarios. La idea es que su eventual aprobación genere presión política para avanzar con García-Mansilla, cuyo perfil conservador ha generado resistencias, sobre todo dentro del peronismo.
El oficialismo ha dejado clara su postura: los dos pliegos serán tratados juntos o no habrá avances. "Es una cuestión de institucionalidad", señalan fuentes cercanas al Presidente. Sin embargo, en el propio Senado admiten que los apoyos que consolidarían a Lijo no serían los mismos para García-Mansilla, lo que complica el panorama.
El kirchnerismo, con su bloque de 34 senadores, ya ha mostrado reparos hacia García-Mansilla, a quien consideran demasiado alineado con el ideario libertario. Desde el inicio, sectores vinculados a Cristina Kirchner intentaron que el Ejecutivo reemplazara su candidatura por alguien más cercano al PJ, pero la Casa Rosada no cedió. La estrategia contempla incluso que algunos senadores peronistas se ausenten durante la votación, facilitando así el cálculo de los dos tercios entre los presentes.
"El desafío es milimétrico y requiere la venia del Instituto Patria, algo que hoy está lejos de garantizarse", reconocen en el entorno presidencial. Además, la relación tensa entre Villarruel y el kirchnerismo complica cualquier intento de coordinación.
Ante la posibilidad de no conseguir los votos en el Senado, el Gobierno evalúa recurrir a nombramientos en comisión, vía decreto presidencial, aunque esta alternativa ya fue desestimada como viable por referentes peronistas. José Mayans, jefe del bloque oficialista en la Cámara Alta, advirtió que, de proceder por esa vía, el Senado podría rechazar los pliegos en su tratamiento posterior.
En los últimos meses, las negociaciones se reactivaron entre los enviados de Milei y los operadores judiciales del kirchnerismo. Además de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, sobre la mesa también se pusieron los más de 180 cargos judiciales pendientes y la definición del procurador general de la Nación, un puesto clave que permanece ocupado interinamente por Eduardo Casal. Incluso se discutieron vacantes en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo busca consenso para cubrir tres de las cuatro sillas vacantes.
El oficialismo ha decidido apostar fuerte en las sesiones extraordinarias, con el objetivo de instalar su agenda. En paralelo, no descartan retomar la discusión sobre la ampliación de la Corte Suprema, planteando la posibilidad de sumar miembros propuestos por la oposición en un eventual esquema de siete o nueve integrantes.
La inclusión de la ley de "ficha limpia", que prohíbe las candidaturas de condenados en segunda instancia, aparece como una señal de acercamiento hacia sectores opositores, en particular Pro, que había impulsado esta iniciativa sin éxito el año pasado.
Aunque el camino legislativo parece empinado, el Gobierno busca mostrar determinación. Como definió un alto funcionario: "No vamos a retroceder. Veremos si están los votos, pero la decisión está tomada. Es avanzar o avanzar".
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La base del remate fue de U$S3,5 millones, pero finalmente se vendió por una cifra mayor.
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