El Gobierno pausa la idea de nombrar jueces de la Corte por decreto y abre una ventana para negociar con el Senado

El Gobierno puso en pausa la idea de designar por decreto en la Corte Suprema al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla y decidió abrir una ventana de negociación hasta mediados o fines de enero con gobernadores y senadores opositores para tratar de conseguir los votos necesarios de modo que ambos candidatos sean ungidos por el mecanismo constitucional, con el acuerdo del Senado.

El vocero presidencial Manuel Adorni dio la primera pista en su conferencia de prensa de esta mañana, cuando negó que el Gobierno trabaje en la elaboración de un decreto para nombrar a Lijo y a García-Mansilla, y aseguró que eso sólo ocurrirá "si el Presidente cree que es imperioso para que la Justicia siga funcionando".

Las palabras de Adorni se conocen un día antes de que el juez Juan Carlos Maqueda deje la Corte, ya que el domingo 29 de diciembre cumple 75 años y se acogerá a la jubilación. No tuvo oportunidad de pedir el Gobierno que envíe su pliego al Senado por cinco años mas, y que Javier Milei impulsó a su reemplazante antes de que eso sucediera.

"Habían dicho que antes del 28 de diciembre se iban a decretar los nombramientos... Si eso ocurre es porque el Presidente considera que debe ocurrir, porque la Justicia se empantanó en el proceso judicial. No hay mucho más para decir", indicó Adorni.

En simultáneo, fuentes del Gobierno que trabajan en la designación de los nuevos jueces dijeron a LA NACION: "Vamos a intentarlo por el Senado por ahora. Pero esto es dinámico, será hasta donde pueda funcionar así".

Otras fuentes explicaron que la ventana que se dará el Gobierno es por al menos de 15 o 20 días, hasta fines de enero, lapso en el que seguirán trabajando con gobernadores y senadores para tratar de conseguir la suficiente cantidad de voluntades.

La negociación no es con el kirchnerismo duro, afirman en la Casa Rosada, sino con otros legisladores y mandatarios más proclives al diálogo o con necesidades en sus provincias que el Gobierno puede satisfacer.

Un alto funcionario, que conversó bajo la condición del anonimato, aseguró que "los pliegos llevan mucho tiempo en el Congreso y hay que insistir, pero el Senado no rechazó los pliegos ni los pasó a votación". Y añadió: "Veremos. Ahora debemos ver cómo prosigue el proceso. Es muy dinámico todo".

Otros funcionarios precisaron que el diálogo con la oposición en el Senado se iba a dar en el receso de enero. La idea es que si se consiguen los votos se llame a sesiones extraordinarias en febrero, para votar los pliegos.

En el Gobierno dijeron que era innecesario decretar los nombramientos en enero, cuando rige la feria judicial y la Corte no tiene que dictar sentencias, excepto casos de urgencia.

El Gobierno envió al Senado los pliegos del juez Lijo y del académico García-Mansilla el 15 de agosto pasado. Para que accedan a la Corte necesita que nueve senadores de la Comisión de Acuerdos firmen los dictámenes con sus nombres, lo que habilita su tratamiento en el recinto, donde deben ser votados por los dos tercios de los senadores. Para acceder a los dos tercios es necesario el apoyo del kirchnerismo, que reúne a 33 miembros en la Cámara alta.

Por ahora, el dictamen de Lijo tiene las nueve firmas necesarias, y el de García-Mansilla, cinco. El primero está en condiciones de ser elevado al Senado, pero no están garantizados aún sus votos para llegar a los dos tercios. El de García-Mansilla ni siquiera superó la Comisión de Acuerdos.

En su conferencia de prensa habitual, el portavoz presidencial Adormí detalló esta mañana: "Todas las posibilidades están abiertas. Pero el decreto solo ocurrirá en condiciones en donde la Justicia se empantane, cuando se necesiten los jueces por una cuestión coyuntural y el Senado no haya resuelto".

La Corte Suprema de Justicia se quedará el 29 de diciembre con tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Maqueda, que cumple 75 años a fin de mes, dejará el Palacio de Tribunales este viernes, en su último día hábil. La Corte, para dictar sentencias, debe tener una mayoría de tres votos, pues el tribunal está integrado originalmente por cinco magistrados. Al quedar tres jueces, solo podrán ser firmadas las sentencias donde haya unanimidad.

En caso de desacuerdos, por ejemplo de uno de los magistrados, los jueces deberán llamar a conjueces, que son los presidentes de las Cámaras Federales, convocados por sorteo para cada caso. La Corte elaboró un reglamento de conjueces la semana pasada para agilizar esta designación y asegurarse de que en casos similares voten los mismos conjueces, de modo de no alterar la jurisprudencia.

El reglamento provocó la semana pasada una sonora disidencia del juez Lorenzetti, enfrentado con sus colegas, que dijo que se trata de un condicionamiento para Lijo y García-Mansilla. Acusó a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz de actuar de manera "ilegal", amenazó con presentar denuncias y sostuvo que "solo la ambición desmedida y la mediocridad", explican lo que está sucediendo en el máximo tribunal. Fue una escalada inédita en el enfrentamiento interno del máximo tribunal.

Rosatti, en una entrevista en LN+, advirtió que cualquier decisión que se tome terminará en la Corte. "La Corte tiene que funcionar, con tres, con cuatro o con cinco integrantes", afirmó y entendió que cualquier diferendo, incluso en torno a una eventual designación de Lijo y García-Mansilla por decreto, "lo tiene que resolver la Corte en última instancia si hay cuestionamientos". En las redes sociales, Cristina Kirchner lo interpretó como una "amenaza" de Rosatti al Gobierno.

"Alternativas en análisis"

A findes de noviembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se había referido a la intención del Gobierno de nombrar por decreto en el máximo tribunal a Lijo y García-Mansilla si la oposición no daba los votos necesarios en el Congreso para fin de año, para que la Corte no quede con tres jueces.

"Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto", reconoció. "Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada", expresó.

Ante la posibilidad del decreto, la semana pasada la Corte Suprema salió al cruce del Gobierno y emitió una acordada en la que reglamentó la forma de funcionar con tres jueces y con el auxilio de conjueces. La acordada fue firmada por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, con la disidencia del juez Lorenzetti, que planteó objeciones al mecanismo porque argumentó que puede aparejar nulidades y señaló que busca condicionar a Lijo y a García-Mansilla. Lorenzetti fue el principal promotor de la candidatura de Lijo para la Corte y aspira a recuperar la presidencia del tribunal.

Al día siguiente, Francos apuntó contra la Corte por su supuesta lentitud. "Es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar una sentencia", dijo el ministro coordinador del Gobierno. "Cuando uno mira los tiempos que llevan los fallos de la Corte, es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar sentencia; es inusual. Que un proceso de la Argentina lleve 20 años es increíble, no sé si puede funcionar con tres jueces. Desde el punto del vista del quorum podrá, pero en términos de eficiencia procesal me cuesta creer que podamos tener una Corte con tres miembros", indicó Francos en diálogo con radio La Red.

Asimismo, Adorni apuntó al funcionamiento de la Justicia federal y aseguró que durante 2023 resolvió "solo el 0,4% de los casos graves sobre narcotráfico". "De manera ágil no funciona, eso está claro. Eso va a ser un gran trabajo por delante para todos, el poder solucionar la lentitud que tienen desde hace tiempo. Lo que no quita que la Corte Suprema viene funcionando con tres miembros y, mientras no haya un impedimento, será algo que resolverá el Senado", adelantó.