Corrupción en la VTV y las fotomultas: nuevos escándalos involucran al ministro bonaerense Jorge D"Onofrio
Un presunto esquema de corrupción vinculado al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sacude al gobierno de Axel Kicillof, con el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D"Onofrio, en el centro de la controversia. Este caso se suma al escándalo de las fotomultas, que ya cuenta con varios imputados, y amplía las acusaciones de recaudación ilegal.
Según la Justicia, D"Onofrio habría delegado la gestión de turnos de la VTV a una empresa llamada Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, propiedad de Sebastián Desio, un empresario cercano al Frente Renovador. La firma se queda con un 10% de los ingresos generados por las plantas verificadoras, en un esquema que recauda cerca de 3 millones de trámites anuales.
El aumento de las tarifas de la VTV, que pasará de $15.997 a $63.463 en febrero, ha puesto aún más presión sobre el ministro y la empresa involucrada. Con este incremento del 300%, la recaudación podría superar los $20 mil millones anuales, de los cuales una significativa porción terminaría en manos de la compañía de Desio.
En las últimas semanas, allanamientos revelaron inconsistencias en las operaciones de la empresa. No se encontraron empleados ni equipos en su sede, mientras que el contador de la firma admitió que únicamente registra turnos y factura según la cantidad de trámites realizados en las plantas verificadoras.
El escándalo de la VTV tiene puntos en común con el caso de las fotomultas, donde figuras como Claudia Pombo, una aliada cercana a D"Onofrio, también están bajo investigación. Pombo, que fue destituida de su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, enfrenta acusaciones de testaferro y exhibe un nivel de vida que contrasta con sus ingresos declarados.
Mientras tanto, las tensiones políticas entre Axel Kicillof y Sergio Massa se agudizan. Aunque Massa se distanció de D"Onofrio, el gobernador bonaerense sigue sosteniéndolo en el cargo. Según fuentes del gabinete, su salida podría anunciarse antes de fin de año.
Estos casos no solo golpean la gestión provincial, sino que también abren interrogantes sobre el uso de estructuras estatales para beneficio personal, poniendo en evidencia un entramado que combina política, negocios y corrupción.
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