La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) descubrió que 212 personas que se encuentran privadas de su libertad estaban percibiendo de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo fue producto de un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, que reveló que estos individuos se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con la percepción del beneficio.

De acuerdo con un relevamiento realizado por La Libertad Avanza, el 85% de las pensiones a presos fueron otorgadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, mientras que el 15% restante lo fueron en la administración de Mauricio Macri.

La investigación de la ANDIS, dirigida por Diego Spagnuolo, es una de las auditorías que lleva a cabo este organismo, el cual depende del Ministerio de Salud de la Nación, para "transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan", en palabras del titular de la ANDIS.

El anuncio realizado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa diaria, se suma a un operativo previo en el que se identificaron a 331 prófugos de la justicia que también estaban cobrando pensiones de manera irregular. De esos 331, 33 fueron puestos a disposición de la justicia y 14 fueron detenidos en un único operativo, uno de ellos con ocho causas abiertas en su contra.

La información sobre los prófugos y presos que recibían el beneficio otorgado por el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS, surgió a raíz de las auditorías realizadas sobre las más de 1.250.000 personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad laboral, impulsadas por Diego Spagnuolo.

El cruce de datos realizado por la ANDIS abarcó todo el territorio nacional, y se estima que el número de beneficiarios irregulares podría aumentar, ya que cada provincia tiene sus propios registros de personas procesadas y condenadas. Como resultado de esta auditoría, se dio de baja a estos beneficiarios, con el objetivo de recuperar esos recursos para los contribuyentes y mejorar la eficiencia del Estado.

Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de 40 años, residente de La Matanza, quien comenzó a recibir su pensión solo tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su evaluación médica fue desfavorable. Un caso similar corresponde a un hombre de 41 años de Quilmes, quien obtuvo su pensión en un tiempo récord de seis días, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.

La ANDIS ha reiterado su compromiso de garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, y este operativo subraya la importancia de una vigilancia constante para prevenir el fraude y el abuso del sistema.

Los primeros distritos auditados fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías, que siguen en curso, ya han revelado "un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos que se estiman entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año", según la evaluación realizada por Spagnuolo.

"Los parásitos cayeron en su propia trampa", afirmó Manuel Adorni el 25 de octubre, cuando se reveló el número de prófugos detenidos luego de ser citados por la ANDIS para someterse a la auditoría. Este proceso de validación de datos fue impulsado por Spagnuolo.

"Lo curioso es que estos individuos cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones, fueron citados bajo el pretexto de una auditoría y allí fueron detenidos por la policía. Además, se les suspendió el beneficio que recibían del Estado Nacional, el cual se financiaba injustamente con los impuestos de los ciudadanos", agregó el vocero presidencial.

Según fuentes de la ANDIS, "los resultados de la primera etapa de la auditoría en la Ciudad de Buenos Aires son alarmantes". De los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% "no pudo ser localizado en los domicilios registrados", lo que, según las planillas de auditoría, "genera serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones".

De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% "no cumple con los requisitos establecidos". Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar, solo 1.063 (el 17%) pasó la auditoría satisfactoriamente. En estos casos, por ejemplo, el certificado médico presentado para obtener el beneficio era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.