Un sondeo realizado por Opinaia muestra que la iniciativa del Ejecutivo cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía.
Una reciente encuesta realizada por Opinaia revela un amplio respaldo de la ciudadanía a las reformas electorales impulsadas por el Gobierno.
Según el sondeo, más del 75% de los encuestados apoya la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, mientras que casi un 70% está de acuerdo en suprimir las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La consulta fue realizada a 1.000 personas entre el 18 y el 23 de octubre de este año.
El respaldo popular a estas reformas llega en un contexto en el cual el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de modificar el sistema electoral. Sin embargo, a pesar del apoyo en las encuestas, el Gobierno enfrenta dificultades para avanzar con el proyecto en el Congreso, ya que carece de los votos necesarios. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que, por el momento, el oficialismo no cuenta con el respaldo legislativo para aprobar las reformas, pero destacó que el Gobierno no abandonará la propuesta.
La encuesta, desarrollada a nivel nacional, muestra que la mayoría de los ciudadanos ve con buenos ojos la eliminación del financiamiento estatal a los partidos. Al respecto, el 52% calificó la medida como "muy positiva" y un 24% la considera "algo positiva". Solo un pequeño porcentaje, el 7%, opinó que es "algo negativa", y el 8% la ve como "muy negativa"
Respecto de las PASO, el 46% de los consultados indicó que su eliminación es "muy positiva", mientras que el 22% la valoró como "algo positiva". Por otro lado, un 11% expresó que le resulta "algo negativa" y un 10% "muy negativa"
El Gobierno, en línea con su meta de reducir el gasto público, ha subrayado que la eliminación de las PASO y del financiamiento a los partidos políticos podría representar un ahorro significativo para el Estado, estimado en unos 52 millones de dólares. Sin embargo, estos proyectos deben obtener sanción antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el año legislativo. De no lograrlo, la discusión quedaría postergada hasta 2026, ya que las reformas electorales no pueden tratarse en años electorales.