Días atrás, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos donde disertó en la conferencia anual de Sun Valley. Llegó en un lujoso jet privado, un Gulfstream que alquiló a por 350.000 dólares. Hace pocas horas despegó a Francia y volvió a usar la misma receta, por un precio similar. El avión fue alquilado a la empresa Flyzar, de Gustavo Carmona, un empresario que creció en el mercado de la mano de vuelos cercanos al kirchnerismo. La aeronave que transportó al Presidente es propiedad de Gerardo Eskenazi, miembro de la familia que fue dueña de YPF.

Ahora bien, qué pasa con el ARG-01, el avión presidencial que está quieto en la cabecera sur de Aeroparque. Una vez más, una historia de intereses sospechosos, desidia, desconocimiento y algunos condimentos más coincidieron para que la famosa aeronave por la que el Estado pagó varios millones de dólares esté imposibilitada de volar. La burocracia y las malas decisiones de funcionarios que se mantuvieron desde la gestión anterior explican por qué permanece en tierra el ARG-01. A continuación, una crónica de la falta de profesionalismo que cuesta muchos dólares. Total, paga el Estado.

La historia del nuevo avión presidencial empezó hace tiempo, cuando el gobierno de Alberto Fernández inició el proceso de compra. Desde el 25 de mayo del año pasado, cuando la aeronave se aproximó a la pista del aeropuerto porteño y realizó una pasada rasante por la estación, todo fue una novela. La estrenó Sergio Massa, presidente de hecho, junto a Máximo Kirchner, en un viaje a China; la usó Alberto Fernández y, finalmente, la empezó a utilizar Milei. Pero, como se dijo, ya no puede volar.

Lo que sucede es que el avión solo tiene licencia para un último vuelo con destino a un taller donde se le debe realizar un chequeo importante, que técnicamente se llama inspección mayor "1C Check". No se programó semejante evento con tiempo, hubo una sospechosa licitación que luego anularon y nadie solicitó el turno para la revisión. Como consecuencia, el Presidente se quedó sin avión, una situación que, pronostican en la industria, se prolongará varios meses. Una secuencia de torpezas y sospechas de emisarios que dejaron mal parado al Gobierno. Mientras tanto, todo se paga con billetera oficial.

El avión presidencial estacionado en Aeroparque, sin permiso para volarSoledad Aznarez

El asunto tiene algunos nombres propios. El primero, Florencia Gastaldi, a cargo de la Dirección General de Logística, un organismo que se ocupa del manejo de la flota aérea presidencial, bajo la órbita de la Secretaría General, que maneja Karina Milei. El segundo, Luis Pinto, es un piloto que llevaba y traía a Fernández, que se alejo de la administración pública en noviembre pasado, sin romper lazos con Gastaldi.

A este grupo se suma el director Nacional de Seguimiento Operativo y Gestión de la Subsecretaría de Planificación General, Agustín Expósito, un joven sin ninguna experiencia en flota de aviones, de poco más de 24 años, que llegó al Gobierno de la mano de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General, una de las funcionarias de mayor confianza de la hermana del Presidente. De todos ellos depende el ARG-01, ahora en tierra, por bastante tiempo.

Gastaldi, abogada de 36 años, llegó en 2011 a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) recomendada por Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner. Dentro del organismo, ingresó en el departamento de Licencias, que se encarga de emitir credenciales para pilotos y tripulantes. En 2022, pasó a la Dirección General de Logística como asistente en la Dirección de Agrupación Aérea. Llamó la atención la designación ya que no había en su legajo demasiados datos técnicos sobre la experiencia en el área. Un año después, en agosto de 2023, fue designada directora General de Logística, cargo en el que se mantuvo desde entonces, en reemplazo de Leonardo Barone, que había dejado su puesto después de la polémica por la llegada del ARG-01 con un vuelo rasante.

El vuelo rasante del nuevo avión presidencial

Después de aquella controversia, Gastaldi empezó a manejar la flota operativa y renovada que incluía tres helicópteros Sikorsky y tres aviones, un Learjet 60, un Boeing 737 y un Boeing 757.

Antes de renunciar, Barone dejó en marcha un proyecto técnico para realizar la inspección mayor "1C Check" ya que es necesario prever con tiempo ese tipo de revisión. "Los aviones se desprograman con tiempo y los talleres se llenan con mucha antelación. Se termina un avión, entra el que sigue. Es un proceso continuo y, por eso, es necesario hacer las cosas con tiempo", dice un empresario que tiene una compañía aérea y que conoce los pormenores de este tipo de servicios.

Pero aquella iniciativa quedó en la nada. Gastaldi, que estaba en funciones desde agosto, dejó correr el tiempo hasta el viernes 1 de diciembre de 2023, una semana antes de que termine la gestión de Fernández. En ese momento, abrió una licitación para que una veintena de empresas coticen el famoso "1C Check", una inspección en la que se deben revisar 500 ítems y, una vez abierto el avión, decidir y cotizar qué se debe cambiar. LA NACION se comunicó con Gastaldi, que se limitó a enviar datos de prensa de la Secretaría de Medios.

Cotización en 96 horas y un certificado de excepción

Las empresas que recibieron el pedido se encontraron con una sorpresa: para cotizar semejante trabajo, en el que intervienen ingenieros, financistas y técnicos, tenían cuatro días hábiles, cuestión que el asunto estuviera terminado antes del viernes 8 de diciembre, último día laborable de la anterior gestión. Hubo pedidos de prórroga, pero no hubo caso. Había que cotizar en 96 horas. Sospechosamente, una compañía logró el objetivo: Xtreme Aviation LLC. Semejante irregularidad generó una denuncia penal que hizo el abogado Pablo Noceti, exfuncionario de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, que lleva el número de sorteo 4422/2023, asignada el 14 de diciembre de 2023. ¿Dónde cayó esa causa? En el juzgado de Ariel Lijo.

Finalmente, se anuló aquella licitación y se abrió otra. Los tiempos corrían y el avión empezó a volar al servicio del Presidente. En marzo, las cosas cambiaron, ya que se venció el certificado de aeronavegabilidad que entrega el fabricante, en este caso Boeing. Desde las oficinas de Gastaldi, junto con los funcionarios de la Fuerza Aérea que prestan servicios en Presidencia, pidieron una extensión del certificado. Tuvieron que realizar algunos chequeos y fue concedida una prórroga por algo más de tres meses. Sucede que ese tiempo extra solo se expide por el 10% de la duración del certificado original, que es de tres años.

En abril, se presentó otra denuncia penal contra Gastaldi (número 1623/24). Se le imputó alquilar espacios de la plataforma del sector sur del Aeroparque. También se sumó otra causa penal en la que se la denunció junto a Gastón Caciano. El abogado Santiago Dupuy de Lomé, conocido en el fuero por sus pedidos de investigación en casos de corrupción, consideró que había negociaciones incompatibles ya que la funcionaria habría utilizado su influencia para separar del cargo al responsable de Control del Fuego, quien se habría negado a firmar horas de vuelo no realizadas por una empresa llamada Helicópteros del Pacífico. Caciano es, supuestamente, director de operaciones de esa firma.

Con el certificado de excepción en vigencia, Milei utilizó el avión en varias oportunidades. De hecho, fue el período en el que realizó más vuelos. Mientras este tiempo se consumía, se inició otra licitación para el chequeo. A esa compulsa se presentaron varias empresas: Commercial Jet Inc, Alpha Aviation, Xtreme Aviation y Servicios Aeronáuticos Quintana.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, la empresa que respondía con los requerimientos técnicos era Commercial Jet. De hecho, en un dictamen firmado por Gastaldi, que lleva el número N° IF-2024-60145731-APN, reconoció que su servicio era el único que cumplía la parte técnica, pero la desestimó por el hecho de que el mantenimiento de la oferta era por 10 días y no por 60 como pedía el proceso. Finalmente, una vez más, se consideró desierta la licitación.

En el medio, un hombre cercano a este ecosistema de servidores públicos que asisten al Presidente en sus vuelos, habría hecho llegar un mensaje a Estados Unidos, puntualmente, a la empresa con más posibilidades de ganar. Dijo que él era el único que podía lograr la adjudicación. Poderoso el hombre, o en su caso, amigo del regulador.

No hubo respuesta y la licitación se cayó. Por entonces, el 23 de junio, el ARG-01 partió de Berlín a Praga y, un día después, voló a Recife para realizar una escala técnica. Finalmente, el 25 de junio despegó del norte de Brasil y aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery a las 5.02. Un día después, venció el certificado de aeronavegabilidad y el avión quedó paralizado. Ahora son necesarias otras intervenciones como, por ejemplo, contratar un servicio para la preservación de la aeronave.

Fuentes oficiales del Gobierno se limitaron a decir a LA NACION que "el avión no va a estar muchos meses [parado] y no se va a dejar caer". Además, confirmaron que "la Fuerza Aérea está trabajando con los funcionarios civiles", al tiempo que aclararon que la propia Fuerza Aérea ratificó a Gastaldi ya que es "idónea" para su puesto.

Respecto a la persona que estuvo en Estados Unidos y se presentó como el único con capacidad para asignar la licitación, dijeron que se trata de un hombre que trabajó con Alberto Fernández y que "viajó a hacer lobby con varias empresas". Finalmente, consideraron que la culpa es del gobierno anterior ya que "compraron un avión que estaba por vencerse".

El Gulfstream alquilado por el Gobierno ante la imposibilidad de utilizar el avión presidencial

Por ahora, Milei tendrá que desembolsar alrededor de 350.000 dólares por cada viaje a Estados Unidos o Europa. Dependerá, claro, de las horas de vuelo.

Actualmente, el Presidente se encuentra en Francia. Allí, además de participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, tiene en agenda una bilateral con Emmanuel Macron.

"Nosotros no sabemos de quién es el avión, contratamos a una empresa que es de Carmona", dijeron en la Casa Rosada sobre la máquina alquilada para el viaje. Pues la lujosa aeronave es de la familia Eskenazi, que fue dueña de YPF, en una operación que aún pesa sobre la Argentina, al punto que hay una sentencia en su contra por más de 15.000 millones de dólares en Nueva York.