Una desgarradora revelación familiar impulsó una de las investigaciones más complejas sobre apropiación y tráfico de personas en Rosario. Eduardo Saigo vivió 35 años creyendo conocer sus raíces hasta que su madre de crianza le confesó una verdad brutal: "Yo te compré". Aquella frase, confirmada luego mediante un análisis de ADN que descartó cualquier vínculo biológico con sus padres registrales, abrió paso a una denuncia penal ante los tribunales federales que terminó destapando una presunta estructura sistemática dedicada a arrebatar recién nacidos de madres en situación de extrema vulnerabilidad para entregarlos a otras familias a cambio de dinero.

El expediente, instruido por la fiscal federal Soledad García, tiene como principal acusada a Dolly Viale de Garrido, una expartera de 88 años que se desempeñó en el Hospital Roque Sáenz Peña durante las décadas del 60 y 70, a quien se le imputan los delitos de supresión y alteración del estado civil e identidad de menores junto con falsedad ideológica de instrumento público. Las pesquisas abarcan de manera particular el período comprendido entre 1968 y 1980, extendiendo las sospechas hacia su hermana, Silvia Viale, cuya rúbrica aparece en la partida de nacimiento adulterada del propio Saigo y en documentos de otros denunciantes que identificaron idéntico patrón administrativo.

Red de captación, pistas familiares y el freno a la prescripción

La reconstrucción judicial apunta a esclarecer los canales utilizados para captar a las víctimas. De acuerdo con los testimonios incorporados al proceso, durante aquellos años proliferaban clasificados en los periódicos que prometían empleo doméstico, cama y salario a jóvenes embarazadas sin recursos. Esas mujeres solían ser alojadas en casas particulares durante la gestación y, tras el parto, las separaban definitivamente de sus hijos mediante la confección de certificados médicos apócrifos. Entre las pruebas aportadas por Saigo destaca una fotografía hallada tras la muerte de su madre adoptiva, donde se ve a sus progenitores de crianza junto a una adolescente desconocida de unos 15 años, quien se presume podría ser su madre biológica.

El caso tomó una escala institucional mayúscula al acumular alrededor de 40 presentaciones judiciales de personas con dudas fundadas sobre su filiación. En un reciente revés para los acusados, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario desestimó el pedido de prescripción interpuesto por la defensa de Dolly Viale. Los camaristas dictaminaron que extinguir la acción penal resulta prematuro mientras avance la recolección de pruebas, advirtiendo además que el cuadro probatorio podría encuadrarse en figuras imprescriptibles y de mayor gravedad vinculadas a la sustracción, retención y ocultamiento sistemático de menores de edad.